El Gobierno de México anunció nuevas disposiciones para ampliar el acceso ciudadano a la información pública mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que se establecen nuevos criterios para la publicación de datos oficiales y la clasificación de información reservada.
Durante la conferencia matutina de este 4 de agosto, la mandataria explicó que el objetivo es garantizar que la información generada por instituciones que manejan recursos públicos permanezca disponible para la población, excepto cuando existan razones relacionadas con seguridad nacional o interés público.
Sheinbaum señaló que con esta medida se busca evitar que la decisión de ocultar información dependa únicamente de la interpretación de un funcionario, al establecer lineamientos específicos sobre los casos en que puede aplicarse una reserva.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el decreto contempla una reducción de las categorías actuales de reserva para concentrarlas en criterios más específicos, además de fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Como parte de esta estrategia, se incorporarán nuevos contenidos de consulta pública y herramientas para facilitar la descarga y revisión de documentos. La funcionaria indicó que en un plazo máximo de 30 días hábiles se agregarán más datos de interés ciudadano.
DENTRO DE LAS ACCIONES PRINCIPALES DESTACAN CUATRO ÁREAS:
Contrataciones públicas:
Las dependencias federales deberán ampliar la información sobre sus compras y servicios. Los registros pasarán de una actualización trimestral a una publicación mensual e incluirán contratos celebrados y convenios modificatorios, con detalles sobre qué adquiere el Gobierno, cómo realiza los procesos y a quiénes contrata.
Pemex y CFE:
Las empresas productivas del Estado deberán transparentar información relacionada con sus filiales, estados financieros, contratos, políticas de operación, estructura de gobierno corporativo e informes presentados ante organismos internacionales.
Fiscalización y auditorías:
Los órganos encargados de revisar el uso de recursos públicos tendrán que difundir información adicional sobre sus programas anuales de fiscalización, avances de auditorías, seguimiento de observaciones emitidas por órganos internos de control y datos sobre los despachos externos responsables de revisiones.
Participación de estados y municipios:
El Gobierno Federal hizo un llamado a gobiernos locales y otros poderes públicos para sumarse a esta iniciativa y adoptar medidas similares que permitan ampliar la información disponible para la ciudadanía.
Además del decreto presidencial, se prevé impulsar modificaciones a distintas normas durante el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión.
La nueva política de transparencia ocurre después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que anteriormente tenía como función garantizar el acceso a la información pública.
