La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió este jueves 5 de noviembre, durante la Mañanera del Pueblo, la estructura de una presunta red empresarial encabezada por los hermanos Hernández Casillas, vinculada con contratos millonarios para suministrar materiales al Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales.
La mandataria aseguró que estas operaciones comenzaron hace casi tres décadas y cuestionó la concentración de contratos en compañías relacionadas entre sí. "Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años", enfatizó.
¿Quiénes son los hermanos Hernández Casillas?
Se trata de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionados con compañías proveedoras de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf, Seriplast de México y Formas Finas y Materiales.
Según la información presentada por Sheinbaum, ambos trabajaron en instituciones federales durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, particularmente en el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En esas dependencias habrían coincidido con Juan Carlos Padilla Aguilar, funcionario que posteriormente fue relacionado con organizaciones políticas cercanas a Guadalupe Acosta Naranjo y Lorenzo Córdova.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre los contratos del INE?
La presidenta señaló que las primeras controversias relacionadas con estos empresarios surgieron en 1999 y 2005, por adjudicaciones del Instituto Electoral del Estado de México.
Asimismo, cuestionó que la red fortaleciera su presencia durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, entre 2014 y 2023, mediante empresas que presuntamente simulaban competir para obtener contratos.
"Son coyotes, ni siquiera ellos producen, son empresas intermediarias", expresó. Las investigaciones sobre estas compañías identificaron contrataciones superiores a 2 mil millones de pesos con organismos electorales.
¿Qué pasará con las empresas investigadas?
Sheinbaum informó sobre medidas de bloqueo de cuentas relacionadas con investigaciones financieras y pidió esclarecer la participación de empresarios y servidores públicos en las adjudicaciones.
El caso también involucra cuestionamientos a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, aunque las autoridades deberán determinar las posibles responsabilidades.
Hasta el momento, los señalamientos no constituyen una sentencia judicial contra los empresarios mencionados.
