El Senado de la República aprobó este martes la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer el requisito de nacionalidad única a quienes busquen ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta recibió 86 votos a favor, 42 en contra y ninguna abstención, y fue avalada tanto en lo general como en lo particular. El proyecto fue remitido a los congresos estatales para continuar con el proceso constitucional.
La modificación contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, de acuerdo con el texto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal. Quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos a alguno de los cargos contemplados.
DEBATE ENTRE MORENA Y OPOSICIÓN
Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron el alcance de la medida y señalaron que podría restringir los derechos políticos de mexicanos que poseen doble nacionalidad, particularmente de quienes forman parte de comunidades migrantes.
Senadores de Morena y sus aliados defendieron la reforma bajo el argumento de que busca establecer una condición específica para quienes encabecen los poderes ejecutivos y garantizar que su actuación esté vinculada exclusivamente con los intereses de México.
Entre las críticas, legisladores como Luis Donaldo Colosio y representantes del PAN y PRI cuestionaron la rapidez con la que fue procesada la reforma y advirtieron sobre sus posibles efectos para los mexicanos con otra nacionalidad.
La iniciativa también establece que, durante el ejercicio del cargo, los funcionarios no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Al tratarse de una reforma constitucional, ahora deberá obtener el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales para continuar hacia su promulgación. El proyecto contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028.
