El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá la creación de la primera Ley General de Feminicidio en México.
Con 109 votos a favor, el pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer criterios homogéneos en todo el país.
La propuesta, enviada el 31 de marzo, avanzó sin oposición y fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. De concretarse, facultará al Congreso de la Unión para emitir una legislación que unifique la prevención, investigación y sanción de este delito.
UNIFICACIÓN LEGAL PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
Durante la discusión, legisladores coincidieron en que la actual dispersión normativa entre entidades ha generado diferencias en la tipificación del feminicidio y en las sanciones, dificultando una respuesta coordinada.
La reforma busca corregir estas inconsistencias mediante parámetros obligatorios a nivel nacional, incluyendo definición del delito, agravantes, sanciones y protocolos de actuación. Esto permitirá que cualquier caso sea investigado bajo criterios similares, sin importar el estado donde ocurra.
Asimismo, se contempla que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género, evitando su clasificación errónea y reduciendo márgenes de discrecionalidad.
ATENCIÓN INTEGRAL Y RETOS DE IMPLEMENTACIÓN
Otro eje central es garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. La futura ley también plantea mejorar los estándares de investigación y asegurar mayor transparencia en las fiscalías.
Además, se prioriza la atención a víctimas indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Se prevé brindarles acceso a salud, educación, apoyo psicológico y mecanismos de reparación del daño.
Pese al respaldo unánime, legisladoras de oposición advirtieron que el impacto dependerá de su correcta aplicación. Señalaron que una nueva ley será insuficiente si no se garantiza su cumplimiento ni se coloca a las mujeres en el centro de las políticas públicas.
El dictamen deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente por al menos 17 congresos estatales para que el Congreso pueda emitir la nueva legislación.
