El Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con 72 votos a favor y 37 en contra, una reforma que busca ampliar el uso de herramientas electrónicas en México y reducir progresivamente la dependencia del dinero en efectivo.
La disposición establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán aceptar pagos digitales para trámites y servicios. En el sector privado, la incorporación de estas modalidades será voluntaria, salvo en las actividades que queden sujetas a disposiciones específicas.
HACIENDA DEFINIRÁ LOS SECTORES OBLIGADOS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de determinar en qué sectores y actividades los pagos electrónicos podrán convertirse en la única forma de cubrir productos o servicios.
Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la norma, la dependencia deberá identificar las primeras actividades sujetas a esta disposición. Después, las autoridades correspondientes contarán con otro periodo de 15 días hábiles para establecer las reglas y los plazos de adaptación.
Entre los métodos contemplados figuran las tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR, tecnología NFC y cargos domiciliados.
La legislación también contempla medidas para facilitar la contratación digital de servicios financieros mediante la CURP Digital, aunque los usuarios conservarán el derecho de identificarse con otros documentos oficiales.
Por su parte, el Banco de México podrá emitir disposiciones para facilitar las transferencias, regular determinados niveles de operación de cuentas y mejorar la interoperabilidad de las aplicaciones financieras.
Los establecimientos que habiliten pagos electrónicos deberán informar cuáles son las opciones disponibles y contar con mecanismos para atender fallas técnicas. Si una contingencia impide utilizar estos sistemas, se permitirá recurrir temporalmente al efectivo o al cheque.
PAN SEÑALA AFECTACIONES A PEQUEÑOS NEGOCIOS
La bancada del Partido Acción Nacional votó en contra al advertir posibles consecuencias para comerciantes, microempresas y personas sin acceso a servicios bancarios.
Durante la discusión, el senador José Máximo García López cuestionó los costos de internet, terminales y comisiones que tendrían que asumir algunos establecimientos para aceptar pagos electrónicos.
El legislador también expresó preocupación por las facultades otorgadas a Hacienda y por el posible impacto en la privacidad financiera de los ciudadanos.
Entre las propuestas del PAN figuraron eliminar las comisiones para microempresas, impulsar la conectividad y garantizar que el efectivo continúe disponible como alternativa.
