La situación legal de Daniela Toussaint Camberos, una de las jóvenes detenidas durante la marcha de la llamada Generación Z el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, dio un giro importante luego de que un juez federal ordenara frenar temporalmente el avance hacia un juicio oral por el delito de tentativa de homicidio. La joven, quien permanece en libertad provisional, ha reiterado en varias ocasiones que es inocente y que fue víctima de violencia policial durante su detención.
UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL
De acuerdo con información publicada en medios de comunicación, el juez Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Carlos Alberto Rico Mondragón, concedió a Toussaint una suspensión provisional dentro del amparo que su defensa promovió.
Esta medida impide que se dicte el auto de apertura a juicio oral y establece que el proceso solo podrá continuar hasta concluir la audiencia intermedia. Una vez que esa etapa termine, todo deberá detenerse.
El fallo señala que, por la naturaleza del caso, es necesario pausar el procedimiento a partir de ese punto mientras se evalúa si la suspensión será definitiva. En los próximos días, el juez notificará si mantiene o revoca la medida.
LA DETENCIÓN EN LA MARCHA
El origen del expediente se remonta al 15 de noviembre de 2025, cuando Toussaint fue detenida durante la manifestación en la plancha del Zócalo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, la acusaron de tentativa de homicidio contra agentes desplegados en el operativo.
Sin embargo, asistentes a la protesta aseguran que Daniela participaba de forma pacífica y que fue agredida por policías antimotines antes de su arresto. Fue una de al menos 26 personas detenidas en esos hechos que desataron fuertes críticas hacia el actuar policial.
DENUNCIA DE ABUSO POLICÍACO
Tras salir del penal de Santa Martha Acatitla el 19 de noviembre, Daniela relató que había sido golpeada, intimidada y sometida a malos tratos por parte de policías. Afirmó que únicamente estaba grabando los acontecimientos cuando fue detenida.
La joven apareció ante medios en silla de ruedas, con lesiones que incluyeron puntadas, golpes en las costillas y daño en un tobillo. En su mensaje pidió dejar atrás divisiones y mantenerse unidos ante abusos:
"Somos un equipo, aunque seas de derecha o de izquierda, chairo o fifí... es momento de unirnos, porque a todos nos va a afectar", expresó en aquel momento.
LO QUE VIENE EN EL PROCESO LEGAL
Aunque la suspensión provisional detiene momentáneamente el avance hacia el juicio oral, no significa que sea un cierre del caso. La defensa de Daniela utilizará esta pausa para fortalecer sus argumentos y buscar que la vinculación a proceso sea invalidada.
Si el juez concede la suspensión definitiva, el procedimiento quedará congelado mientras se resuelve el fondo del amparo. En caso contrario, el juez de control retomará el proceso y podría emitir el auto de apertura a juicio oral.
UN CASO DENTRO DE UN DEBATE MAYOR
La detención de Daniela Toussaint se ha convertido en un símbolo del debate nacional sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y el trato hacia quienes participan en protestas. Organizaciones civiles documentaron varias irregularidades en los operativos del 15 de noviembre y han exigido transparencia en las investigaciones.
En paralelo, resurgió en redes sociales una controversia pasada: una denuncia que Daniela presentó en 2020 contra el cantante Mario Bautista y de la cual más tarde se retractó. Aunque este antecedente no tiene relación con los hechos de noviembre, algunos sectores lo han utilizado para cuestionarla.
UN CASO EN PAUSA, A LA ESPERA DE UNA RESOLUCIÓN CLAVE
La suspensión provisional representa un respiro en medio de un proceso complejo y altamente mediático. Daniela Toussaint continúa su defensa en libertad, mientras el sistema judicial deberá decidir si el caso avanza o si se mantiene detenido en espera de evaluar a fondo las acusaciones y las pruebas presentadas.
Por ahora, el futuro del caso dependerá de la resolución del amparo, un punto clave que podría marcar cómo se abordan legalmente los enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades en contextos de protesta social.
