A menos de dos semanas de que concluya el plazo establecido por el Gobierno de México para vincular las líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP), un tribunal federal concedió la primera suspensión provisional contra esta medida, abriendo la puerta a una batalla legal sobre el alcance del registro obligatorio.
La resolución ha generado dudas entre millones de usuarios sobre si es posible evitar el trámite mediante un amparo y cuáles son los alcances reales de esta protección judicial.
Primer amparo contra el registro obligatorio
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió a favor de un ciudadano de Aguascalientes dentro del expediente de queja 260/2026, otorgándole una suspensión provisional que le permite evitar ciertos requisitos relacionados con la vinculación de sus líneas telefónicas.
De acuerdo con la resolución, los magistrados consideraron que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no establecen expresamente la obligación de proporcionar datos biométricos como huellas dactilares, fotografías o una denominada "CURP biométrica" para completar el proceso.
Por ello, el ciudadano podrá realizar el trámite únicamente con identificación oficial y CURP tradicional mientras se resuelve el fondo del asunto.
¿El amparo beneficia a todos los usuarios?
Especialistas en derecho constitucional recuerdan que los amparos tienen efectos individuales, salvo casos excepcionales. Esto significa que la suspensión únicamente protege al ciudadano que promovió el recurso y no modifica la obligación para el resto de los usuarios del país.
Sin embargo, el fallo sí representa un precedente importante, ya que es el primer criterio judicial relacionado con el nuevo padrón telefónico impulsado por el gobierno federal.
Quienes consideren que la medida vulnera sus derechos pueden presentar su propio juicio de amparo, aunque cada caso deberá ser analizado y resuelto de manera independiente por los tribunales.
¿Qué argumentos utilizan quienes se oponen al registro del CURP con su número celular?
El ciudadano que promovió el amparo argumentó que la obligación de vincular las líneas telefónicas con datos personales podría afectar derechos fundamentales relacionados con la privacidad, la protección de datos personales y el acceso a las telecomunicaciones, este último reconocido en el artículo 6 de la Constitución.
Además, organizaciones civiles y especialistas han señalado preocupaciones sobre el manejo de información sensible y la posibilidad de que los datos sean utilizados sin consentimiento expreso.
Las críticas recuerdan el antecedente del extinto Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras diversas impugnaciones por posibles afectaciones a derechos fundamentales.
Más de 9 mil personas buscan impugnarel registro obligatorio de su línea
La inconformidad ha crecido en distintas partes del país. En Chihuahua, por ejemplo, se promueven amparos colectivos respaldados por miles de ciudadanos.
Según los impulsores de estas acciones legales, más de 9 mil personas se han sumado a iniciativas para cuestionar el registro obligatorio, principalmente por preocupaciones relacionadas con la privacidad digital y el tratamiento de datos personales.
Mientras tanto, las cifras muestran un avance menor al esperado. De las casi 159 millones de líneas móviles activas en México, alrededor de 100 millones aún no han sido vinculadas a una identidad oficial.
Con la fecha límite del 30 de junio cada vez más cercana, especialistas anticipan que podrían aumentar los amparos, las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otros recursos legales relacionados con la implementación de este registro.
Por ahora, la ley mantiene vigente la obligación de vincular las líneas telefónicas, y el único ciudadano protegido judicialmente es el promovente del amparo concedido en Aguascalientes. El resultado definitivo de este caso podría influir en futuras resoluciones sobre uno de los temas más polémicos de privacidad digital en México durante 2026.
