El municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, se encuentra en el centro de la conversación pública tras el anuncio de una nueva estrategia enfocada en reforzar la seguridad y el orden en espacios comerciales.
El programa Cascaff
Se trata del programa "Cascaff", una iniciativa que propone permitir a los establecimientos retirar a personas que no consuman o que alteren la convivencia dentro de plazas y negocios.
De acuerdo con información difundida, el proyecto será presentado en los próximos días ante el Cabildo para su análisis e integración al reglamento local.
El programa "Cascaff" no implica la creación de nuevas leyes, sino la aplicación más estricta de normativas ya existentes. Su objetivo es brindar herramientas a los comercios para actuar ante situaciones que puedan derivar en conflictos, delitos o incomodidades para clientes y trabajadores.
Según explicó el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, la intención es que los establecimientos puedan solicitar el retiro de personas de manera discreta cuando se detecten conductas consideradas inapropiadas.
Entre los principales puntos destacan la posibilidad de intervenir en casos de actitudes agresivas, así como la permanencia prolongada de individuos sin realizar consumo, conocidos coloquialmente como "refriteadores".
Propuesta genera debate sobre discriminación
No obstante, la propuesta ha generado cuestionamientos relevantes. Especialistas y usuarios han advertido que términos como "conducta inapropiada" o "no consumo" pueden prestarse a interpretaciones ambiguas, lo que abriría la puerta a posibles actos de discriminación.
Jóvenes que acuden a socializar, adultos mayores que descansan en estos espacios o incluso trabajadores que utilizan las plazas como punto de pausa podrían verse afectados.
El debate se intensificó tras un incidente reciente en Monterrey, donde un guardia de seguridad fue captado golpeando a una mujer acusada de robo, situación que, según versiones en redes sociales, habría sido errónea.
Este caso encendió alertas sobre el uso de la fuerza y la necesidad de establecer protocolos claros para el personal de seguridad privada.
Autoridades municipales han señalado que el propósito del programa no es vulnerar derechos ni restringir el acceso a los espacios, sino evitar confrontaciones directas y fortalecer la convivencia.
Antes de su posible implementación, se prevé informar a locatarios, definir lineamientos específicos y establecer mecanismos de supervisión.
Aunque "Cascaff" es una propuesta local, su posible aprobación podría sentar un precedente para otros municipios del país que enfrentan problemáticas similares en plazas comerciales. Por ahora, la discusión continúa, con un punto clave sobre la mesa: cómo equilibrar la seguridad sin afectar los derechos de los ciudadanos.
