La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por una presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos a través de empresas privadas.
Algunas de las compañías habrían transferido recursos a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su padre.
El señalamiento deriva de las revisiones realizadas a la Cuenta Pública 2025, en las que el órgano fiscalizador identificó movimientos financieros entre proveedores del Gobierno estatal, otras compañías y particulares, por lo que solicitó la intervención de las autoridades ministeriales para investigar el posible uso irregular de recursos públicos.
La denuncia fue presentada el 16 de octubre de 2026 y busca que la FGR esclarezca las operaciones, determine el destino del dinero y, en su caso, identifique a quienes pudieran tener responsabilidad penal.
Uno de los aspectos centrales del caso es la relación de las transferencias con Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho vinculado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
¿CÓMO HABRÍA FUNCIONADO LA TRIANGULACIÓN?
De acuerdo con el esquema financiero presentado por la ASF, el Gobierno de Nuevo León habría realizado cuatro grandes transferencias a empresas privadas.
Esta es la ruta del dinero que se dio a conocer:
$7,212.2 millones
Total aproximado de las cuatro transferencias iniciales del Gobierno estatal
1. Constructora
$5,851 millones
Transfirió $5,154.6 millones a otra empresa, que posteriormente habría enviado $385.3 millones al despacho jurídico.
2. Comercializadora
$964 millones
Una empresa de alimentos recibió $237 millones y habría enviado $202.9 millones al despacho.
3. Empresa de servicios
$243 millones
Una consultoría recibió $65.5 millones y habría canalizado aproximadamente $62.9 millones al despacho.
4. Empresa de servicios y equipamiento
$154.2 millones
Otra compañía recibió $144.4 millones, de los cuales $77.03 millones habrían llegado al despacho jurídico.
¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL DESPACHO JURÍDICO?
La firma Firma Jurídica y Fiscal Abogados es uno de los puntos relevantes de las indagatorias debido a sus vínculos con el entorno familiar del gobernador de Nuevo León.
De acuerdo con los señalamientos, distintas empresas que previamente recibieron recursos públicos habrían transferido parte del dinero a este despacho, situación que llevó a la ASF a revisar las relaciones comerciales y financieras entre las compañías involucradas.
No obstante, los movimientos identificados no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad penal del mandatario. Será la Fiscalía General de la República la encargada de investigar si existieron operaciones simuladas, desvío de recursos o alguna otra conducta ilícita.
¿QUÉ SIGUE EN LA INVESTIGACIÓN?
Con la denuncia penal, la FGR deberá analizar la documentación presentada por la Auditoría, reconstruir las operaciones financieras y determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra posibles responsables.
El procedimiento también permitirá esclarecer si los pagos realizados por el Gobierno estatal correspondieron a servicios efectivamente prestados o si las empresas fueron utilizadas para canalizar recursos públicos hacia otros destinatarios.
La denuncia representa una nueva etapa en los señalamientos sobre presuntas irregularidades financieras durante la administración de Samuel García, aunque será necesario esperar el resultado de las investigaciones para establecer si existieron delitos y quiénes serían responsables.
Hasta que las autoridades determinen lo contrario, los involucrados conservan su derecho a la presunción de inocencia.
