El Instituto Nacional Electoral (INE) registró la renuncia de tres funcionarios de alto nivel relacionados con la administración de Guadalupe Taddei, en el marco de una serie de ajustes internos impulsados por la presidencia provisional de Blanca Cruz García.
Durante su primer encuentro con medios de comunicación, realizado este martes 27 de octubre, la consejera presidenta provisional informó que las salidas forman parte de las primeras decisiones adoptadas por el Consejo General para revisar el funcionamiento de las áreas directivas del organismo.
Los funcionarios que dejaron sus cargos encabezaban la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como el área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.
PRIORIZAN EL TRABAJO COLEGIADO
Cruz García señaló que los puestos de dirección deben responder a las necesidades institucionales y a las decisiones tomadas de manera colegiada, por encima de cualquier vínculo o compromiso personal.
La funcionaria también adelantó que se promoverán revisiones sobre posibles irregularidades dentro del instituto, mediante la coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las investigaciones contemplarían señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios, bajo los principios de transparencia y respeto al debido proceso.
Los cambios ocurren después de que Guadalupe Taddei dejara la presidencia del organismo, en medio de señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados al contratista Alfredo Hernández Casillas.
Ante este escenario, la nueva titular provisional sostuvo que la reorganización busca fortalecer el funcionamiento del instituto y garantizar que sus decisiones respondan a los objetivos institucionales.
Finalmente, Cruz García aseguró que los movimientos administrativos no comprometen la capacidad operativa del INE y afirmó que el organismo mantiene las condiciones técnicas y organizativas necesarias para cumplir con sus obligaciones constitucionales y atender los próximos procesos electorales.
