Esta tarde se dio a conocer la renuncia de César Jáuregui Moreno como fiscal general de Chihuahua en medio de una creciente controversia por un operativo en la Sierra Tarahumara que dejó cuatro personas muertas y abrió cuestionamientos sobre la posible participación de agentes extranjeros.
El exfuncionario presentó su dimisión ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, argumentando que su salida permitirá facilitar las investigaciones y garantizar mayor transparencia. En su posicionamiento, reconoció inconsistencias en la información inicial, así como fallas en los mecanismos internos de control y comunicación dentro de la Fiscalía General del Estado.
CUESTIONAMIENTOS POR OPERATIVO Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
Jáuregui Moreno asumió la responsabilidad desde el ámbito de liderazgo, señalando que, aunque el operativo representó un golpe contra el crimen organizado con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, los resultados no pueden estar por encima del cumplimiento de la ley.
El despliegue, realizado del 17 al 19 de abril en el municipio de Morelos, incluyó el aseguramiento de un laboratorio de metanfetaminas. Sin embargo, un accidente vehicular durante la operación, en el que una unidad cayó a un barranco, derivó en la muerte de cuatro personas, intensificando el escrutinio público.
INVESTIGAN POSIBLE PRESENCIA DE EXTRANJEROS
Uno de los puntos más sensibles es la presunta participación de personas no adscritas a la Agencia Estatal de Investigación. Según reportes preliminares, algunos integrantes del convoy habrían sido ciudadanos estadounidenses vinculados a instancias diplomáticas, lo que abrió una línea de investigación sobre su identidad y rol.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que cualquier intervención de agentes extranjeros en territorio nacional debe contar con autorización federal, subrayando la necesidad de esclarecer los hechos conforme a la ley.
Por su parte, la fiscal especializada Wendy Paola Chávez Villanueva confirmó que ya existen carpetas de investigación abiertas y coordinación con la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene una postura de reserva, reiterando que se actuará con apego al marco legal para esclarecer lo ocurrido.
