Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados se reunirán de manera extraordinaria este martes 10 de marzo a las 18:00 horas para discutir el dictamen de la reforma electoral presentada por el Ejecutivo federal.
Este proyecto, que busca modificar 11 artículos de la Constitución, se votará en las comisiones, donde se requiere una mayoría simple para su aprobación, un escenario en el que el grupo parlamentario de Morena cuenta con los votos necesarios.
PROCESO DE APROBACIÓN EN COMISIONES
La aprobación del dictamen en comisiones es un paso esencial que podría facilitar su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Si se aprueba en esta fase, se enviará a la Mesa Directiva para ser considerado en el pleno, lo que podría ocurrir al día siguiente de la votación en comisiones.
Sin embargo, la situación es más compleja en la siguiente etapa, ya que la reforma requerirá una mayoría calificada en el pleno, es decir, al menos 334 votos si todos los legisladores están presentes.
El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, ha indicado que la posibilidad de que la reforma sea aprobada en el pleno es incierta.
La bancada de Morena apoya la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero es consciente de la falta de respaldo de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que han manifestado reservas sobre algunos aspectos del proyecto.
RETOS EN LA APROBACIÓN EN EL PLENO
Los legisladores de estas dos agrupaciones han anticipado su voto en contra de ciertos puntos de la propuesta, lo que complica el panorama para la aprobación final en el pleno. Monreal ha mantenido diálogos con los coordinadores de ambos partidos, enfatizando la necesidad de un debate respetuoso, aunque el resultado de estas negociaciones parece poco esperanzador.
En caso de que la reforma no obtenga la mayoría calificada necesaria, no se podrá presentar una iniciativa idéntica de inmediato.
Sin embargo, se contempla la posibilidad de abordar nuevas propuestas sobre otros temas que no estén vinculados directamente a esta reforma. Algunos de los asuntos que podrían ser considerados en el futuro incluyen modificaciones sobre la revocación de mandato y ajustes al fuero constitucional.
A medida que se acerca la discusión formal en comisiones, se prevé que el proceso legislativo enfrente retos significativos. La reunión programada para el 10 de marzo será un indicador clave del futuro de una de las reformas más relevantes del periodo legislativo actual, subrayando la dinámica política y las tensiones entre los distintos grupos parlamentarios.
SHEINBAUM DESCARTA LLAMAR A PARTIDO VERDE Y PT PARA APROBAR LA REFORMA ELECTORAL
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no intervendrá para pedir a las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que respalden la reforma electoral, ante la falta de acuerdos dentro de la Cámara de Diputados de México.
La mandataria dejó claro que cada legislador deberá decidir libremente el sentido de su voto, al tiempo que subrayó que su responsabilidad es cumplir con el compromiso asumido con la ciudadanía.
Sheinbaum reiteró que, de acuerdo con encuestas recientes, existe un amplio respaldo social a varios puntos de la iniciativa, especialmente a la reducción del costo de las elecciones y a la modificación en el método para elegir a los diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales.
Durante sus declaraciones, la presidenta afirmó que más del 80 por ciento de la población consultada estaría de acuerdo en que estos legisladores sean elegidos directamente por la ciudadanía. Por ello, sostuvo que su propuesta cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo mexicano.
En ese sentido, insistió en que la decisión final recae en los diputados federales, quienes deberán determinar cómo ejercerán su voto cuando el tema sea discutido en el pleno. Según explicó, aunque el gobierno federal ya presentó la iniciativa y ha dado a conocer sus argumentos, corresponde al Poder Legislativo definir si la reforma avanza o no.
