La discusión en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales ha tomado fuerza desde que, en noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA A LA LEY GENERAL DE AGUAS?
Este proyecto incluye la creación de una nueva Ley General de Aguas y modificaciones profundas a la legislación vigente, con el objetivo de garantizar el uso sustentable del recurso, fortalecer la rectoría del Estado y combatir el manejo irregular del agua en el país.
Sin embargo, gran parte de los productores agrícolas, empresarios y usuarios de pozos han expresado serias preocupaciones por el impacto que estas medidas podrían tener en sus actividades.
La iniciativa plantea tres ejes centrales:
- El ordenamiento de concesiones
- El combate al uso indebido del agua
- Una mayor eficiencia en la planeación hídrica
LEY RESTRINGE TRASPASO DE POZOS
Entre los cambios más relevantes se establece que el Estado será el único facultado para regular y garantizar el acceso al agua, se prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares y se elimina el cambio de uso del recurso sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Asimismo, toda prórroga de concesión deberá pasar por un análisis técnico más riguroso, y se creará un Registro Nacional del Agua para dar mayor transparencia a los títulos otorgados.
Otro punto clave y uno de los más polémicos es el endurecimiento de sanciones. La iniciativa contempla penas de 1 a 10 años de prisión en casos de robo de agua, corrupción o uso indebido del recurso, además de la posibilidad de aplicar extinción de dominio en situaciones graves.
Para el sector productivo, esto abre la puerta a una visión punitiva que podría tratar a los agricultores como presuntos delincuentes.
GOBIERNO COMO "POLICÍA DEL AGUA"
Productores como el consultor agrícola Manuel de Jesús Quintero Meza afirman que estas reformas convierten a la Conagua en una especie de "policía del agua", y consideran que la iniciativa arrasa con derechos adquiridos por más de 90 años, especialmente en regiones como el Valle de Mexicali, donde la actividad agrícola depende casi totalmente del uso de pozos y concesiones.
El gobierno federal asegura que los derechos actuales de los concesionarios serán respetados, que no hay retroactividad y que no se busca expropiar ni especular con títulos.
También afirma que se mantendrá la autonomía de Distritos y Unidades de Riego y se impulsará la tecnificación del campo y el reúso del agua. No obstante, los productores temen que la mayor intervención estatal complique los trámites, limite la operación de los pozos y reduzca la flexibilidad que necesitan para sostener su productividad.
Mientras el gobierno insiste en que la reforma garantiza el derecho humano al agua y fortalece la gestión hídrica, el sector agrícola advierte que la iniciativa podría terminar afectando su competitividad y criminalizando prácticas históricas.
La discusión está lejos de cerrarse, pero ya es claro que será uno de los debates más fuertes en torno al futuro del agua en México.
