La muerte de dos niñas originarias de Haití en el Albergue de Tránsito "Casa Pato", operado por el DIF estatal, mantiene abiertas investigaciones penales y administrativas en Oaxaca.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que funcionarias fueron puestas a disposición del Ministerio Público y que un trabajador del centro fue detenido por su probable responsabilidad en los hechos.
¿QUÉ OCURRIÓ?
El 24 de febrero se reportó el hallazgo de los cuerpos de las dos menores en una fosa séptica dentro del albergue. Las niñas, de origen haitiano, estaban bajo resguardo institucional junto con su madre.
El descubrimiento se dio luego de que se reportara su desaparición. De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se activaron protocolos de búsqueda y se notificó a las autoridades correspondientes desde el primer momento.
Corporaciones de seguridad y bomberos participaron en las labores que llevaron al hallazgo.
FUNCIONARIAS DESTITUIDAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN
Tras el inicio de la carpeta de investigación, la Fiscalía informó que dos directivas del DIF estatal fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Entre ellas se encuentra Maribel Salinas, directora general del Sistema DIF Oaxaca, quien fue destituida del cargo.
También fue separada de su puesto la titular del albergue "Casa Pato". Las autoridades señalaron que estas medidas buscan fortalecer el curso de las investigaciones y deslindar responsabilidades.
DETENCIÓN DE UN TRABAJADOR DEL ALBERGUE
El 25 de febrero se anunció la detención del jefe del Departamento de Servicios Generales del centro, identificado como E. J. B. Z., por su probable responsabilidad en la muerte de las menores.
Según la Fiscalía, la captura se realizó tras resultados periciales y ministeriales, así como declaraciones recabadas durante las diligencias.
El detenido quedó a disposición de la autoridad competente mientras continúan las indagatorias.
REACCIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES
El caso ha generado indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y de personas migrantes.
El Instituto para las Mujeres en la Migración exigió una investigación exhaustiva, pronta y transparente. Además, solicitó inspecciones inmediatas en todos los Centros de Asistencia Social del país para verificar condiciones de seguridad y habitabilidad.
Otras organizaciones civiles demandaron reparación integral del daño y garantías para la madre de las menores.
¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?
La investigación permanece en curso. En las próximas semanas se definirá:
- La situación jurídica del detenido.
- Las posibles responsabilidades administrativas y penales de funcionarias.
- Las medidas que adoptará el Gobierno estatal respecto a la operación de los albergues.
Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas oficiales de muerte, ya que los peritajes continúan.
El caso ha abierto un debate nacional sobre la supervisión de centros de asistencia social y la responsabilidad del Estado en la protección de niñas y niños migrantes bajo su resguardo.
