La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, expresó su preocupación respecto a una iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Esta propuesta busca establecer un mecanismo que permita detectar posibles nexos entre candidatos y el crimen organizado antes de las elecciones de 2027.
Durante una rueda de prensa, Taddei advirtió que la reforma podría comprometer la imparcialidad del INE, al asignarle funciones que corresponden a organismos de investigación y procuración de justicia.
Propuesta de la Comisión de Verificación
La iniciativa del Gobierno federal incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el fin de crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Esta nueva entidad estaría compuesta por cinco consejeros electorales, quienes tendrían mandatos de tres años. El objetivo de esta comisión sería analizar los perfiles de quienes aspiran a cargos públicos y alertar a los partidos políticos sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada, la corrupción o el financiamiento ilícito.
Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, aclaró que la comisión tendría acceso a información de entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la propuesta oficial, este mecanismo funcionaría bajo criterios de confidencialidad sin involucrar procesos penales ni sentencias, enfocándose en una evaluación preventiva para que los partidos decidan si mantienen a ciertos candidatos.
Taddei también destacó que el INE carece de las herramientas legales y metodológicas necesarias para evaluar si un candidato podría representar un riesgo debido a presuntos vínculos ilícitos.
Asimismo, subrayó que el Instituto debe limitarse a sus funciones constitucionales referentes a la organización de elecciones y a salvaguardar principios como la legalidad, equidad y transparencia.
Entre los aspectos resaltados por la presidenta del INE figura que esta entidad no posee competencias ministeriales o judiciales, que la responsabilidad de la selección de candidaturas sigue siendo de los partidos y que el nuevo mecanismo sería opcional para las fuerzas políticas.
También enfatizó que el INE debe mantener su neutralidad frente a todos los actores políticos, advirtiendo que convertir al Instituto en una instancia que evalúe la idoneidad de los aspirantes podría desestabilizar el entorno político.
Contexto de la Iniciativa
La reforma se plantea en un contexto donde han surgido numerosos casos de alcaldes y funcionarios detenidos por nexos con el crimen organizado, especialmente en los estados de México y Morelos.
La denominada Operación Enjambre ha evidenciado indicios de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales mediante financiamiento ilícito de campañas electorales, lo que ha originado órdenes de aprehensión y la designación de autoridades interinas en algunos municipios.
Debate en el Congreso
Sheinbaum ha argumentado que tanto el INE como los partidos políticos necesitan herramientas preventivas para identificar candidatos de riesgo antes de las elecciones.
Este tema será debatido en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en un momento crucial para el sistema electoral mexicano, especialmente dado que las elecciones intermedias de 2027 serán las primeras tras la reciente reforma judicial y el proceso electoral federal de 2024.
El INE ha manifestado su disposición para analizar propuestas que fortalezcan la integridad electoral, pero se mantiene firme en su posición de no asumir funciones de investigación ni convertirse en una entidad supervisora de las candidaturas.
