El gobierno federal reconoció que el reciente derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), contradiciendo versiones previas que atribuían el incidente a un buque o a emanaciones naturales.
Durante una conferencia del Grupo Interinstitucional, se confirmó que la fuga ocurrió en un oleoducto de 36 pulgadas ubicado en la zona de plataformas de Cantarell, específicamente en el activo Abkatún-Pol-Chuc. El director de Pemex, Víctor Rodríguez, detalló que el derrame fue resultado de una falla en la integridad del ducto.
Como consecuencia, tres funcionarios fueron separados de sus cargos por presunta responsabilidad, mientras se llevan a cabo investigaciones. Además, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades.
IRREGULARIDADES DETECTADAS
Las autoridades identificaron múltiples anomalías, entre ellas la falta de reporte sobre reparaciones en el oleoducto, la negación sistemática de la fuga por áreas operativas y el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua contaminada.
También se detectó una contradicción entre la magnitud del derrame y la respuesta inicial, catalogada como un simple "lagrimeo", pese al despliegue de 11 embarcaciones para contener el crudo. Otro punto crítico fue el retraso de ocho días para cerrar la válvula principal, lo que incrementó el impacto ambiental.
CAMBIO DE NARRATIVA OFICIAL
Durante semanas, el gobierno había descartado la responsabilidad de Pemex. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que no se tenía evidencia de fugas en ductos, sugiriendo que el origen podría ser natural.
Sin embargo, organizaciones ambientales documentaron desde febrero manchas de hidrocarburo mediante imágenes satelitales frente a Campeche, lo que evidenció inconsistencias en la versión oficial.
A pesar de la admisión, autoridades sostienen que el impacto no es severo y que las playas afectadas en Veracruz y Tabasco se encuentran limpias. No obstante, colectivos civiles han calificado el caso como una crisis de transparencia y acusan omisiones en la activación oportuna de protocolos ambientales.
