La aprobación de la nueva Ley General de Aguas desató una ola de preocupación dentro del Partido Acción Nacional (PAN), que acusa que esta reforma concentra el control del recurso hídrico en el Gobierno Federal y elimina la posibilidad de heredar o vender derechos de agua, una práctica que durante décadas ha brindado sustento y estabilidad patrimonial a millones de familias.
PAN SEÑALA CENTRALIZACIÓN TOTAL DEL MANEJO DEL AGUA
De acuerdo con la dirigencia panista, la reforma recién avalada coloca todas las decisiones relacionadas con el uso, distribución y administración del agua en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para el partido, este cambio representa un golpe directo a la autonomía de productores agrícolas, gobiernos locales y comunidades rurales.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió públicamente que esta ley marca "el inicio del fin de la propiedad privada", argumentando que los derechos de agua dejarán de considerarse parte del patrimonio de las familias. Según sus declaraciones, el nuevo modelo impide heredar, vender o ajustar los volúmenes hídricos, lo que afectaría de forma inmediata a quienes dependen del campo.
¿QUÉ AFIRMA EL PAN SOBRE LOS EFECTOS DE LA REFORMA?
Romero Herrera subrayó que la legislación aprobada por la mayoría legislativa elimina la transmisión de derechos de agua, una medida que, desde su perspectiva, deja vulnerables a regiones productoras y a pequeños agricultores. Señaló que esta centralización podría provocar que los estados y municipios queden subordinados por completo a Conagua, aun cuando el organismo enfrenta limitaciones presupuestales y operativas.
También alertó que el Gobierno Federal podría reasignar volúmenes de agua en plazos muy cortos, sin estudios previos o criterios técnicos claros, lo que abriría la puerta a decisiones discrecionales, incluidas reasignaciones entre estados.
¿A QUIÉNES AFECTARÍA LA REFORMA, SEGÚN EL PAN?
El partido sostiene que la nueva ley impactaría directamente a millones de personas. Entre los principales señalamientos destacan:
- Más de 2 millones de productores agrícolas perderían la capacidad de heredar o vender sus derechos de agua.
- Las concesiones dejarían de ser consideradas parte del patrimonio familiar.
- Se frenaría la inversión privada en zonas agrícolas e industriales debido a la falta de certidumbre.
- Para el PAN, estas modificaciones representan un retroceso jurídico y productivo que compromete la estabilidad de sectores económicos enteros.
RIESGO PARA LA PROPIEDAD PRIVADA, SEGÚN ACCIÓN NACIONAL
La dirigencia panista ha insistido en que la eliminación del carácter transmisible de las concesiones de agua transforma lo que antes era un activo patrimonial en un recurso sin valor económico para las familias. Ya no podrían ser heredados, vendidos ni intercambiados, lo que —según sus argumentos— debilita la seguridad jurídica de quienes dependen de ellos para sostener su actividad agrícola.
Romero Herrera denunció que esta medida refleja una visión estatista del Gobierno Federal y acusó a Morena de "querer adueñarse de todo".
ACCIONES LEGALES EN PUERTA
Ante este panorama, el PAN anunció que respaldará los recursos legales que presenten productores, organizaciones agrícolas y gobiernos estatales que consideran vulnerada su certidumbre jurídica. El partido prepara la ruta para apoyar impugnaciones constitucionales con el objetivo de frenar la implementación del nuevo marco regulatorio.
Mientras tanto, el debate seguirá creciendo en las próximas semanas, especialmente en las regiones agrícolas donde miles de familias dependen de las concesiones de agua para continuar produciendo y planificando su futuro.
