El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, ha propuesto el inicio de un juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
La solicitud se realizó durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, llevada a cabo el pasado 21 de mayo. La propuesta de Vázquez Ahued surge en el marco de acusaciones que vinculan al gobernador con la facción de Los Chapitos, un grupo asociado al Cártel de Sinaloa.
Rechazo de la propuesta de juicio político
A pesar de la insistencia del legislador, la propuesta fue rechazada en una votación donde el bloque oficialista, conformado por los partidos Morena, PT y PVEM, se opuso a llevar a cabo dicho juicio.
La votación resultó en 25 votos a favor del inicio de un periodo extraordinario, pero sin considerar la solicitud de juicio político, lo que refleja la dinámica política actual en el Congreso.
Inicio del periodo de sesiones extraordinarias
Este periodo de sesiones extraordinarias comenzará el 26 de mayo de 2026 y se prolongará hasta que se atiendan todos los asuntos convocados. Durante este tiempo, se espera que las Mesas Directivas de ambas Cámaras convoquen a sesiones para tratar diversos temas legislativos.
Entre las iniciativas que se discutirán se incluye una propuesta del Ejecutivo Federal para reformar disposiciones de la Constitución en el área del Poder Judicial, así como una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Además, se abordará la propuesta de Ricardo Monreal para modificar el artículo 41 de la Constitución, añadiendo nuevas causales de nulidad de elecciones, incluyendo la intervención extranjera.
La Cámara de Diputados también resolverá solicitudes relacionadas con licencias y reincorporaciones de sus miembros, mientras que el Senado se enfocará en acuerdos internos y situaciones similares para sus senadores.
Temas a tratar en el Congreso
La convocatoria para estos periodos extraordinarios enfatiza la importancia de que el Congreso esté preparado para atender asuntos de relevancia nacional, incluso durante recesos.
Este enfoque busca asegurar que las instituciones del Estado respondan eficazmente a las necesidades legales, políticas y administrativas del país en tiempos que requieren atención urgente.
