La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a la ciudadanía a participar en la consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al advertir posibles riesgos para la libertad de expresión, religiosa y la independencia editorial.
En un mensaje difundido este 13 de agosto, los obispos reconocieron la importancia de proteger a quienes consumen radio y televisión, pero cuestionaron que una autoridad administrativa pueda determinar qué contenidos son verdaderos o falsos.
"La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural", sostuvo la CEM.
OBISPOS CUESTIONAN FACULTADES PARA EVALUAR CONTENIDOS
El Episcopado señaló como aspectos positivos de la propuesta la prohibición de la censura previa, la no discriminación por motivos religiosos y la promoción del pluralismo.
Sin embargo, expresó preocupación por la posibilidad de que la autoridad califique contenidos como "falsos" o "descontextualizados" y, eventualmente, aplique sanciones. A juicio de los obispos, esto podría generar criterios oficiales de veracidad y afectar el ejercicio periodístico.
La CEM también pidió proteger la libertad religiosa, incluido el derecho de personas y comunidades a expresar y difundir sus convicciones sin quedar sujetas a juicios administrativos sobre su veracidad.
CEM DEFIENDE LA AUTORREGULACIÓN DE LOS MEDIOS
Otro punto de preocupación es la independencia editorial. El organismo cuestionó que la autoridad pueda revisar los códigos de ética de los medios y supervisar decisiones de los defensores de las audiencias, incluso con facultades para ordenar modificaciones o rectificaciones.
La consulta pública está abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. Por ello, la CEM convocó especialmente a laicos, comunicadores, universidades, organizaciones civiles, colegios profesionales y ciudadanos a presentar sus opiniones.
"La participación ciudadana no es un trámite", afirmó el Episcopado, al considerar que involucrarse en el proceso regulatorio forma parte de la corresponsabilidad democrática y la defensa del bien común.
