A pocos días del inicio del periodo vacacional, un hecho de violencia dentro de una escuela secundaria encendió la alarma entre padres de familia en Zitácuaro. Una alumna de primer grado presuntamente agredió físicamente y amenazó con un arma blanca a una compañera dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 15, ubicada en la colonia La Encarnación.
El caso generó temor, inconformidad y una serie de protestas que derivaron en la suspensión de clases, dejando a decenas de estudiantes sin actividades escolares antes del cierre del año.
QUÉ OCURRIÓ DENTRO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 15
De acuerdo con testimonios de padres de familia, la estudiante señalada, de 12 años de edad, golpeó a una compañera durante el mes de noviembre. Posteriormente, la amenazó con enterrarle un cuchillo que llevaba oculto en su mochila.
La situación se agravó cuando, según las denuncias, la menor habría intentado coordinarse con otro alumno para conseguir un arma de fuego y llevarla al plantel con la intención de causar daño, lo que incrementó la preocupación entre la comunidad escolar.
Padres de familia acusaron a la escuela de no contar con protocolos básicos para prevenir y atender situaciones de violencia. Además, señalaron presuntas omisiones por parte de la directora, Georgina Lozano Velasco, al no actuar de manera inmediata para proteger al alumnado.
Según los denunciantes, no se tomaron medidas oportunas para garantizar la seguridad de los estudiantes ni para informar de manera clara a las familias sobre lo ocurrido.
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA Y MOLESTIA POR LA MEDIACIÓN
Ante la gravedad de los hechos, los padres presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán en contra de la menor agresora. Sin embargo, el caso fue canalizado a un mecanismo alternativo de solución de conflictos, conocido como mediación.
Esta decisión causó inconformidad entre las víctimas directas e indirectas, quienes consideraron que se trataba de un acto de violencia que requería una respuesta más firme por parte de las autoridades.
PROTESTAS Y SUSPENSIÓN DE CLASES
Al no obtener una respuesta clara por parte de la dirección de la escuela, los padres decidieron manifestarse dentro del plantel. Como parte de la protesta, impidieron la realización de clases y exigieron que la directora atendiera personalmente la situación.
Entre sus demandas se encontraban medidas concretas para garantizar la seguridad de los estudiantes y una sanción para la alumna involucrada.
El 9 de diciembre, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la región Zitácuaro, encabezado por Eder Carmona, acudió a la secundaria para dialogar con los padres de familia.
Como resultado del encuentro, se acordó dar de baja a la alumna agresora y trasladarla a otro plantel, sin vulnerar su derecho a la educación, además de implementar acciones para garantizar la seguridad del resto del alumnado.
DECISIÓN DE LA DIRECTORA GENERA MÁS INCONFORMIDAD
Pese al acuerdo alcanzado, los padres denunciaron que la directora del plantel se negó a imponer una sanción académica adicional y optó por suspender las actividades escolares, según un oficio fechado el 10 de diciembre.
Esta decisión dejó a los estudiantes sin clases durante las dos semanas previas al periodo vacacional, aumentando la incertidumbre entre las familias.
De acuerdo con los padres de familia, aún no existe claridad sobre la fecha de regreso a clases. Aunque el calendario oficial marca el 12 de enero como el reinicio del ciclo escolar 2025-2026, no hay certeza de que las actividades se reanuden ese día.
La falta de información ha generado preocupación por el impacto académico y emocional en los estudiantes.
QUÉ EXIGEN LOS PADRES DE FAMILIA
Las familias afectadas piden garantías reales de seguridad para sus hijos, claridad sobre el regreso a clases y responsabilidad por las decisiones tomadas por las autoridades escolares.
También solicitan que no se afecte el derecho a la educación del resto del alumnado, mientras el caso continúa sin una solución definitiva.
