Una mujer identificada como Rosalba Sarahy P. R. fue vinculada a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar con penalidad agravada, luego de que presuntamente agrediera física y psicológicamente a su esposo en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Zona Norte, informó que la resolución judicial fue obtenida durante la continuación de la audiencia inicial. En esta etapa, el Ministerio Público presentó los antecedentes de investigación reunidos en contra de la imputada.
De acuerdo con la información oficial, las agresiones habrían ocurrido en distintos momentos dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Jardines del Senecú.
¿Cuándo ocurrieron las presuntas agresiones?
Las investigaciones establecen que los hechos se registraron los días 6 y 11 de octubre, así como el 5 y 16 de diciembre de 2025. Durante esos cuatro episodios, Rosalba Sarahy P. R. presuntamente insultó y golpeó a su esposo.
Los actos denunciados fueron clasificados como agresiones físicas y psicológicas. Debido a la naturaleza y reiteración de los hechos, la representación social formuló una imputación por violencia familiar con penalidad agravada.
El caso fue integrado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, cuyo personal presentó ante el juez de Control los elementos recopilados durante las primeras diligencias.
Después de analizar los antecedentes expuestos, la autoridad judicial consideró que existían datos razonables para establecer la posible participación de la mujer en el delito y determinó que debía enfrentar un proceso penal.
Imponen medidas cautelares contra la imputada
Aunque Rosalba Sarahy P. R. continuará el procedimiento en libertad, el juez le impuso diferentes medidas cautelares destinadas a proteger a la víctima y garantizar que la acusada se presente durante las siguientes etapas del caso.
Entre las disposiciones ordenadas se encuentra la obligación de acudir periódicamente ante el juez. También tiene prohibido concurrir a determinados lugares o acercarse a su esposo mientras continúa el proceso penal.
La autoridad judicial concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto el Ministerio Público como la defensa podrán reunir y presentar más elementos relacionados con los hechos.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que permite continuar formalmente con las investigaciones. La responsabilidad penal de la imputada deberá determinarse mediante una resolución emitida por la autoridad judicial correspondiente.
