La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una nueva modificación a la reforma judicial, con el objetivo de posponer la elección del segundo bloque de juzgadores hasta junio de 2028, en lugar de 2027 como establece la legislación vigente.
La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar y respaldada por figuras como Olga Sánchez Cordero, plantea cambios a diez artículos constitucionales para redefinir el modelo de selección judicial.
CAMBIOS BUSCAN MAYOR IMPARCIALIDAD
El documento argumenta que empatar la elección judicial con procesos electorales federales podría afectar la percepción de independencia del Poder Judicial. Por ello, propone separar ambos ejercicios para fortalecer la legitimidad y evitar la influencia de dinámicas partidistas.
La propuesta subraya que un proceso autónomo permitiría mayor deliberación pública, mejor organización electoral y reforzaría la confianza en los nuevos juzgadores.
Asimismo, se plantea que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de emitir la convocatoria, integrar candidaturas y organizar la elección, en lugar del Senado.
NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN
Uno de los puntos centrales es la creación de un Comité Único de Evaluación, integrado por tres especialistas designados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este órgano concentraría la revisión de aspirantes bajo criterios homogéneos.
Además, se propone eliminar requisitos considerados subjetivos, como promedios académicos específicos, y sustituirlos por evaluaciones técnicas estandarizadas. Estas pruebas serían elaboradas por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicadas por universidades públicas.
La iniciativa también busca que los aspirantes acrediten certificaciones de competencias como requisito constitucional, con el fin de garantizar un perfil técnico sólido en quienes aspiren a cargos judiciales.
Entre los legisladores que respaldan el proyecto se encuentran también Javier Corral y Susana Harp, quienes coinciden en la necesidad de despolitizar el proceso y fortalecer la carrera judicial.
De aprobarse, esta reforma redefiniría los tiempos y mecanismos de elección judicial en México, apostando por un modelo más técnico y menos influido por coyunturas electorales.
