El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró este martes 10 de febrero que los 10 mineros secuestrados en Sinaloa habrían sido privados de la libertad tras ser confundidos con integrantes del crimen organizado, de acuerdo con las primeras declaraciones recabadas por las autoridades federales.
¿CÓMO OCURRIÓ EL SECUESTRO Y HOMICIDIO DE LOS MINEROS?
Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que cuatro personas detenidas, presuntamente vinculadas al grupo criminal conocido como Los Chapitos, rindieron sus primeras declaraciones ministeriales en las que afirmaron que los trabajadores fueron identificados erróneamente como miembros de un grupo rival.
"Con las primeras detenciones, lo que mencionan es que fueron confundidos, las primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico", señaló García Harfuch.
El secretario subrayó que esta información corresponde únicamente a las primeras líneas de investigación, por lo que no se puede considerar una versión definitiva de los hechos.
ACCIONES DE LA AUTORIDAD Y AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Añadió que, conforme se logren más detenciones y se avance en las indagatorias, se podrá esclarecer con mayor precisión el móvil del crimen y las circunstancias en las que ocurrió el secuestro y posterior homicidio de las víctimas.
En el mismo contexto, García Harfuch negó que la empresa minera Vizsla Silver hubiera presentado denuncias previas por extorsión o amenazas por parte del crimen organizado.
Ante los cuestionamientos de la prensa, afirmó que no existía registro de que la compañía o alguno de sus trabajadores hubiera sido objeto de presiones, cobros ilegales o agresiones por parte de grupos delictivos antes de los hechos.
"No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa fuera molestado por algún grupo delincuencial", puntualizó.
Las declaraciones del titular de Seguridad se dan luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara, el lunes 9 de febrero, el hallazgo de 10 cuerpos en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa.
De acuerdo con la información oficial, hasta el momento se ha logrado identificar que cinco de las víctimas corresponden a los mineros reportados como desaparecidos, mientras continúan los trabajos periciales para confirmar la identidad del resto.
El caso ha generado una fuerte conmoción y ha vuelto a poner sobre la mesa la violencia vinculada al crimen organizado en zonas con actividad minera, así como los riesgos que enfrentan trabajadores que, aun sin relación alguna con grupos delictivos, quedan atrapados en disputas territoriales entre organizaciones criminales.
