México alcanzó un puesto histórico en el listado de países de América Latina con los salarios mínimos más altos, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del viernes 9 de enero. El país saltó del sexto al tercer lugar en esta clasificación, solo por debajo de Chile y Uruguay, tras el reciente incremento al ingreso básico.
La mandataria recordó que el gobierno acordó un aumento del 13 por ciento al salario mínimo general que entró en vigor desde el 1 de enero de 2026. Con ello, el salario mínimo quedó establecido en 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9,582.47 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento fue de 5 por ciento, alcanzando 440.87 pesos diarios.
Sheinbaum destacó que este incremento forma parte de una política salarial sostenida, construida mediante acuerdos entre el gobierno, sindicatos y representantes empresariales, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores sin generar presiones inflacionarias.
UN CAMBIO EN LA REGIÓN
Con este ajuste, México se coloca por encima de la mayoría de los países de la región en términos de salario mínimo real. El avance refleja un cambio estructural en el mercado laboral mexicano, después de años en que el ingreso básico se ubicaba entre los más bajos de América Latina.
En años recientes se ha impulsado un aumento continuado del salario mínimo. Durante el sexenio anterior y con continuidad en el actual, los aumentos anuales han sido superiores a la inflación, lo que ha permitido recuperar gradualmente el poder de compra de los ingresos más bajos.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Sheinbaum ha señalado que la intención del gobierno es seguir elevando el ingreso básico de forma responsable, con el fin de acercarse a cubrir el valor de dos canastas básicas ampliadas hacia 2030. Este tipo de acciones busca impactar de forma positiva en el bienestar de millones de trabajadores y sus familias.
El nuevo posicionamiento de México en el ranking regional se ha interpretado como un logro de la política laboral y social impulsada desde el poder federal, que busca reducir desigualdades y mejorar las condiciones económicas de la población trabajadora.
