La crisis de desapariciones forzadas en México volvió a colocarse en el centro del debate internacional luego de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) advirtiera que la magnitud del problema podría encuadrarse como un crimen de lesa humanidad.
Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe al considerar que presenta una visión "sesgada" y omite avances recientes del Gobierno mexicano.
MÉXICO RECHAZA DIAGNÓSTICO DE LA ONU SOBRE DESAPARICIONES
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, señaló que el derecho internacional no exige que estos crímenes sean ordenados desde las más altas esferas para ser considerados de lesa humanidad, sino que basta con la magnitud y el patrón de los ataques dirigidos contra la población civil.
Ante este panorama, el CED solicitó a Naciones Unidas evaluar medidas de apoyo para México en tareas de prevención, investigación y erradicación de las desapariciones. La petición fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el objetivo de que sea remitida a la Asamblea General.
El organismo internacional destacó que, pese a acciones emprendidas desde su visita al país en 2021, no se ha observado una mejora sustancial. Como evidencia, citó el hallazgo constante de fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos y 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar, además de advertir que las autoridades se encuentran rebasadas por la magnitud de la crisis.
El comité también indicó que muchas desapariciones ocurren en el contexto de la llamada "guerra contra las drogas", sin que existan indicios de una política federal sistemática. No obstante, subrayó que en algunos casos se investiga la posible participación o aquiescencia de funcionarios públicos.
ACUSA SESGO Y DEFIENDE AVANCES
La SRE defendió la actuación del Estado mexicano y acusó que el informe ignora los avances logrados desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La dependencia insistió en que el Gobierno no tolera ni ordena desapariciones forzadas y recordó que se han impulsado reformas para fortalecer la atención a personas desaparecidas.
"México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual", señaló la cancillería en su posicionamiento.
El CED planteó que las posibles acciones de la ONU podrían incluir asistencia técnica, apoyo financiero y fortalecimiento de capacidades en búsqueda, análisis forense e investigación, en un intento por atender una de las crisis de derechos humanos más graves que enfrenta el país.
