El Gobierno de México puso en marcha el proceso de consulta nacional para la construcción de la que sería la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la historia del país, una iniciativa que contempla la participación de más de 16 mil comunidades y alrededor de 8 millones de personas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, informó que este lunes fue firmada la convocatoria que formaliza el inicio del proceso de consulta y que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
POR PRIMERA VEZ EN 200 AÑOS
México avanza hacia la elaboración de una legislación específica para los pueblos indígenas y afromexicanos, algo que no había ocurrido en más de dos siglos de existencia del Estado mexicano.
La iniciativa tiene como base la reforma al Artículo 2 de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, y busca recoger opiniones, propuestas y observaciones de los propios titulares de los derechos que serán reconocidos en la nueva ley.
"Esta ley fue construida por muchas dependencias, llevó muchos meses de trabajo; llegó el momento de consultar a sus titulares", expresó Alcalde Luján al presentar los detalles del proceso.

La consulta abarcará a los 69 pueblos indígenas reconocidos en el país, al pueblo afromexicano y a las 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
UN PROCESO DE CINCO ETAPAS
La consulta se desarrollará entre julio y octubre y estará dividida en cinco etapas.
La primera comenzó este 29 de junio con la publicación de la convocatoria. Posteriormente, del 1 de julio al 6 de agosto se llevará a cabo la fase informativa, durante la cual se distribuirán materiales explicativos en las comunidades para dar a conocer el contenido de la propuesta legislativa.
La etapa deliberativa se realizará del 7 de agosto al 13 de septiembre. Durante ese periodo, cada comunidad analizará la iniciativa conforme a sus sistemas normativos internos y formas tradicionales de organización.
Como parte de este proceso se efectuarán 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro.
Posteriormente, entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, las propuestas recabadas serán revisadas e incorporadas al proyecto definitivo antes de que sea enviado al Congreso de la Unión.
La meta del Gobierno federal es presentar la iniciativa el próximo 12 de octubre, fecha que actualmente se conmemora como el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas.
¿QUÉ CONTEMPLA LA NUEVA LEGISLACIÓN?
La iniciativa busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre sus principales propuestas destacan el fortalecimiento de la libre determinación, la protección de mujeres, niñas, niños y jóvenes, medidas contra el racismo y la creación de un juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos.
La propuesta fue elaborada con la participación de 35 dependencias federales, especialistas, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y organismos nacionales e internacionales.
De concretarse, la legislación marcaría un precedente histórico en México al establecer por primera vez un marco jurídico integral para el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país.





