Las menciones a las madres buscadoras durante el Grito de Independencia provocaron reclamos de organizaciones en Guanajuato y Puebla, que exigieron seguridad y resultados frente a las desapariciones, en lugar de reconocimientos simbólicos.
Los posicionamientos respondieron a las arengas pronunciadas el 15 de septiembre de 2026 por la gobernadora Libia Dennise y el gobernador Alejandro Armenta. Las agrupaciones denunciaron contradicciones entre esos mensajes y la atención institucional que reciben las familias.
Guanajuato: Cuestionan protección a buscadoras
La organización León Red Feminista cuestionó que Libia Dennise expresara "¡Vivan las madres buscadoras!", mientras persisten agresiones contra quienes buscan a sus familiares.
En su comunicado recordó el caso de Cecilia García, integrante de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Según el posicionamiento, la mandataria negó inicialmente su condición de buscadora tras su asesinato, pero posteriormente el Gobierno rectificó.
También mencionó los homicidios de Patricia Acosta y Katia Citlali. La organización rechazó que la protección dependa de registros institucionales o solicitudes previas.
Asimismo, denunció que integrantes de Unidos por los Desaparecidos realizaron una jornada sin el acompañamiento de seguridad previsto y fueron abordadas por personas que mostraron un arma.
Las exigencias incluyen protección cotidiana, acompañamiento durante las búsquedas e investigación de las agresiones.
Puebla: Rechazan uso de su lucha
El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla respondió a la mención de Armenta: "Esto no fue un homenaje. Fue una apropiación".
Las familias señalaron que sus consignas nacieron del dolor y de las denuncias por omisiones. Consideraron que utilizarlas en discursos oficiales, sin modificar esas condiciones, instrumentaliza su lucha.
Coletivos de búsqueda exigen compromisos verificables
El colectivo poblano pidió avances concretos de las investigaciones mediante plazos públicos y auditables, presupuesto transparente para búsqueda y servicios periciales, además de participación efectiva de las familias.
También demandó garantías de seguridad y solicitó que el Gobierno se abstenga de utilizar sus consignas o imágenes sin consentimiento explícito.
