La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de la polémica generada en redes sociales alrededor de la llamada "ley antimemes" y aclaró que no existe una legislación cuyo propósito sea prohibir los memes, las parodias o las críticas dirigidas al gobierno.
La controversia se originó por una propuesta de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El proyecto incluye modificaciones relacionadas con el uso de elementos que identifican a instituciones públicas, como logotipos, dominios electrónicos y documentos oficiales.
De acuerdo con el planteamiento aprobado en comisiones del Senado, el objetivo es establecer sanciones cuando este tipo de elementos sean utilizados comercialmente para provocar que una persona crea que está tratando con una institución oficial y, mediante ese engaño, se busque cometer algún ilícito.
¿Por qué la conocen como "ley antimemes"?
La primera versión de la propuesta generó críticas debido a que contemplaba penas de hasta siete años de prisión para determinados usos de elementos relacionados con la identidad gubernamental. A partir de ello surgieron cuestionamientos sobre los posibles efectos que tendría para contenidos satíricos, humorísticos o de crítica política.
Tras la polémica, las comisiones del Senado modificaron el planteamiento. La versión aprobada contempla una pena de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA cuando se utilicen comercialmente elementos oficiales con la intención de inducir a una persona al error o al engaño para cometer un ilícito.
¿Un meme podría convertirse en delito?
La propuesta no establece que la elaboración o publicación de un meme sea, por sí misma, una conducta delictiva.
Tampoco plantea una prohibición general de las parodias o de las críticas contra funcionarios públicos. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, ha señalado que la reforma está dirigida contra la suplantación de instituciones públicas cuando se utilizan sus elementos de identidad con fines ilícitos.
El punto central está en el uso comercial de esos recursos y en la intención de generar un engaño. Por ejemplo, el supuesto contempla situaciones en las que alguien podría utilizar la imagen de una dependencia para aparentar que un sitio, servicio, documento o comunicación es oficial cuando en realidad no lo es.
Estas posturas forman parte del debate político en torno a la reforma y no significan que los memes o las parodias hayan sido declarados ilegales.
