La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defendió la posibilidad de que las herencias, los legados y los recursos de las Afores entregados a beneficiarios de trabajadores fallecidos estén sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aclaró que una modificación de ese tipo no puede ser determinada por la Corte, sino que corresponde al Congreso de la Unión mediante una reforma legal.
El posicionamiento de la ministra se dio tras la discusión en el Pleno de la SCJN sobre una contradicción de criterios entre tribunales colegiados respecto al tratamiento fiscal de los recursos acumulados en las cuentas individuales para el retiro cuando son entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido.
DEBATE SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL
Mientras un tribunal consideró que esos recursos constituyen un ingreso gravable para efectos del ISR, otro resolvió que pueden equipararse a una herencia o un legado, por lo que quedarían exentos conforme al artículo 93 de la Ley del ISR.
Batres respaldó el proyecto que proponía considerar gravables esos recursos y argumentó que tanto las herencias como los fondos heredados de una Afore representan patrimonio recibido por una persona sin derivar directamente de su trabajo.
En una videocolumna difundida tras la sesión, afirmó que sería justo que las herencias y legados pagaran impuestos, aunque insistió en que esa decisión corresponde al Poder Legislativo.
MAYORÍA DE LA CORTE RECHAZÓ EL PROYECTO
Durante su intervención, la ministra recordó que México tuvo impuestos sobre herencias durante varias décadas del siglo XX, hasta su eliminación en 1961.
También señaló que actualmente 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen algún tipo de gravamen sobre herencias o legados y sostuvo que los impuestos son una herramienta para favorecer la redistribución de la riqueza.
Sin embargo, seis ministros votaron en contra del proyecto al considerar que los recursos acumulados en las Afores forman parte del patrimonio generado por el trabajador y tienen como propósito proteger económicamente a sus beneficiarios. El proyecto fue retirado para elaborar una nueva propuesta, por lo que la contradicción de criterios permanece sin una resolución definitiva.
