El nombre de Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido quedó en el centro de una controversia dentro del sistema de justicia mexicano. Después de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, el juez fue destituido e inhabilitado durante un año por determinación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), debido a irregularidades detectadas en cuatro asuntos penales.
El motivo de la sanción fueron modificaciones a las penas que la Fiscalía General de la República (FGR) había acordado con personas acusadas de delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego. Para la Comisión de Disciplina, el juzgador alteró indebidamente esos acuerdos al establecer condenas menores, conducta que calificó como un "error inexcusable".
La resolución también tiene un antecedente político e institucional. Las inconformidades contra sus decisiones comenzaron en 2023, cuando la FGR y la Secretaría de Marina presentaron quejas ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal. En octubre de 2025 fue suspendido de sus funciones y un mes después la presidenta Claudia Sheinbaum hizo públicos cuestionamientos sobre su actuación, al relacionarlo con decisiones que habrían favorecido la liberación de presuntos delincuentes.
El caso tomó otra dimensión cuando el tribunal presentó una denuncia ante la Fiscalía federal. Actualmente, Sigales también enfrenta una investigación por posibles delitos contra la administración de justicia y tiene prevista una comparecencia ante una jueza de control en Nayarit para diciembre de 2026, donde se contempla formularle una imputación. Hasta el momento, no existe una condena penal derivada de este procedimiento.
La destitución provocó desacuerdos dentro del ámbito judicial. La asociación JUFED cuestionó que se castigue a un juez por modificar criterios relacionados con la interpretación de la ley, pues considera que esta clase de medidas puede debilitar la independencia de quienes imparten justicia. También expresó preocupación por los pronunciamientos públicos de la Presidencia antes de concluir el expediente.
Por su parte, el Tribunal sostiene que la conducta investigada no fue una simple diferencia de interpretación jurídica, sino una actuación que ameritaba responsabilidad administrativa.
La sanción fue aprobada por una comisión integrada por Rufino León Tovar, Celia Maya y Bernardo Bátiz, pero todavía puede ser revisada por el Pleno del TDJ, de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación orgánica del Poder Judicial.
Así, el futuro de Sigales permanece sujeto a dos resoluciones distintas: la revisión de su separación del cargo y el avance de la investigación penal. Mientras tanto, el caso mantiene abierta la discusión sobre hasta dónde pueden llegar los organismos disciplinarios al evaluar las decisiones de los jueces.
