El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia contra su exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, por cinco posibles delitos relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones y beneficios económicos a particulares.
Los señalamientos contemplados en los borradores incluyen enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con información publicada por Reforma, el documento todavía se encuentra en revisión por parte de los 10 consejeros electorales, por lo que aún no ha sido presentado formalmente ante las autoridades.
La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, informó que los equipos jurídicos trabajan en los últimos detalles para concluir el escrito.
"Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles. Prácticamente, está lista, no vamos a tardar. Dependerá de los equipos jurídicos", declaró.
¿QUÉ INVESTIGARÁ EL INE SOBRE GUADALUPE TADDEI?
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con las contrataciones realizadas por el organismo electoral desde 2023, particularmente la licitación para fabricar las credenciales para votar.
El contrato fue adjudicado a CosmoColor, en colaboración con Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.
Entre los elementos que se busca revisar están grabaciones difundidas en las que presuntamente se escucha al proveedor José Alfredo Hernández conversar con Taddei sobre las cantidades que recibirían por conseguir dicha asignación.
Los borradores también plantean investigar una posible relación entre funcionarios del instituto y empresas proveedoras, así como determinar si existieron acuerdos para favorecer a particulares.
Por ello, el INE solicitará que se analicen los videos y se localice su fuente original para establecer su autenticidad y contexto.
LOS CINCO POSIBLES DELITOS QUE CONTEMPLA LA DENUNCIA
Los borradores de la denuncia plantean cinco posibles conductas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes:
1. Uso ilícito de atribuciones y facultades: busca determinar si servidores públicos participaron ilegalmente en contrataciones, adquisiciones o servicios con recursos públicos.
2. Ejercicio abusivo de funciones: contempla el posible uso indebido de un cargo público para generar beneficios económicos propios o para terceros.
3. Tráfico de influencias: se relaciona con la posible intervención irregular para gestionar negocios o contratos públicos en favor de determinadas personas o empresas.
4. Peculado: plantea investigar si existió un posible desvío de recursos públicos para beneficio de funcionarios o particulares.
5. Enriquecimiento ilícito: busca determinar si hubo incrementos patrimoniales de servidores públicos que pudieran estar relacionados con el uso indebido de recursos.
Arturo Castillo, consejero electoral, señaló que algunos de estos delitos pueden contemplar prisión preventiva. Sin embargo, aclaró que corresponderá a las autoridades determinar si los hechos denunciados constituyen conductas delictivas y establecer posibles responsabilidades.
INE TAMBIÉN REVISA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS DE PROVEEDORAS
En paralelo, el organismo electoral espera recibir información sobre las empresas proveedoras cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Arturo Castillo explicó que el INE todavía no ha recibido una notificación sobre el congelamiento de cuentas de alguna compañía vinculada con los procesos que actualmente mantiene el instituto.
El objetivo es identificar si alguna de estas empresas tiene contratos vigentes y si las medidas financieras podrían afectar la prestación de servicios o el cumplimiento de sus obligaciones.
"En cualquier caso, hoy se instruirá la Secretaría Ejecutiva que emita un proyecto para proteger y salvaguardar el desempeño y el desarrollo del proceso electoral", señaló el consejero.
Si las autoridades notifican oficialmente alguna afectación, la Secretaría Ejecutiva deberá elaborar una propuesta de medidas para garantizar la continuidad de las actividades del organismo.
Hasta el momento, la denuncia contra Guadalupe Taddei continúa en revisión y no representa una resolución judicial ni significa que los posibles delitos estén acreditados.
