El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un conjunto de acciones para enfrentar la crisis institucional derivada de los señalamientos de presunta corrupción registrados durante la administración de Guadalupe Taddei.
El acuerdo busca revisar las prácticas administrativas del organismo, identificar posibles responsabilidades y establecer mecanismos que impidan la repetición de irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Como primera medida, se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el instituto entre 2016 y 2026.
También se contempla recurrir a una auditoría externa, abrir un canal electrónico para recibir denuncias anónimas y proteger la documentación relacionada con las operaciones bajo investigación.
EXIGEN ESCLARECER POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN
Durante la discusión, integrantes del Consejo General y representantes de partidos políticos coincidieron en que la salida de Guadalupe Taddei no representa el cierre del caso. Consideraron necesario identificar a quienes autorizaron las operaciones cuestionadas y aplicar las sanciones correspondientes.
El consejero Arturo Castillo calificó lo ocurrido como la crisis más grave en la historia del INE, al señalar que nunca antes se había registrado la salida anticipada de una presidencia del Consejo General relacionada con un escándalo de corrupción.
Por su parte, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, sostuvo que la autonomía del instituto debe ir acompañada de transparencia y disposición para colaborar con las autoridades investigadoras.
PROPONEN CAMBIOS EN LAS CONTRATACIONES
La consejera Carla Humphrey planteó terminar con las prácticas que permitan favoritismos y reducir las adjudicaciones directas, dando prioridad a procesos de licitación pública, incluso de alcance internacional.
Además, propuso incorporar a los consejeros electorales en las decisiones administrativas mediante una comisión de administración.
El plan también contempla revisar el manejo de información confidencial, particularmente los datos del padrón electoral.
