A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron con graves lesiones, los padres hacen un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para actuar ante la presunta detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias de la estancia infantil subrogada por el IMSS.
A través de una carta abierta firmada por Juana Luna, integrante del colectivo "Manos Unidas por Nuestros Niños", se informó que, de forma extraoficial, se tuvo conocimiento de la aprehensión de Téllez Nieves en la ciudad de Eloy, Arizona, donde se encuentra recluida en un Centro Migratorio.
Esto habría ocurrido a raíz de una ficha roja de Interpol y una orden de reaprehensión derivada de una sentencia firme emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El colectivo expresó su preocupación debido a que la detenida, mediante una firma legal estadounidense, habría solicitado asilo político alegando persecución, algo que los familiares de las víctimas calificaron como un intento de evadir la justicia.
"Se trata de una estrategia para eludir su responsabilidad penal. No hay persecución, hay una sentencia firme por homicidio culposo y lesiones graves", señalaron.
PIDEN LA EXTRADICIÓN
En su misiva, los padres de los menores fallecidos subrayan el silencio de las autoridades mexicanas ante este hecho, lo que consideran altamente sospechoso. También reiteraron su exigencia de que la acusada sea extraditada de inmediato y puesta a disposición de las autoridades para que cumpla con su condena en territorio nacional.
"Apelamos a su empatía y solidaridad para que este crimen de Estado no quede impune", se lee en la carta dirigida a la presidenta Sheinbaum.
La agrupación insistió en que el caso representa uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos en la historia reciente del país, y que la falta de castigo ha sido denunciada incluso por organismos como la ONU y la CNDH.
