En medio de la crisis de desapariciones en el país, el Gobierno de México actualizó en 2026 el Protocolo Homologado de Búsqueda, incorporando nuevas herramientas para fortalecer la localización de personas desaparecidas.
De acuerdo con el documento oficial y especialistas en la materia, uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de utilizar a personas privadas de la libertad con sentencia firme como informantes, a cambio de incentivos legales.
Esta opción, que anteriormente solo aplicaba para personas con procesos abiertos, ahora se amplía a quienes ya cuentan con una condena definitiva.
El objetivo es fortalecer la búsqueda individualizada, especialmente en casos donde existan indicios de delito o cuando las víctimas pertenezcan a grupos prioritarios como niñas, niños, mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.
ELIMINAN EL CONCEPTO DE "PERSONA NO LOCALIZADA"
Otro de los cambios clave es la eliminación del término "persona no localizada", con la finalidad de activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda desde el primer reporte.
Además, el nuevo modelo establece cinco tipos de búsqueda: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, con lo que se busca mejorar la respuesta institucional ante estos casos.
Pese a las modificaciones, especialistas advierten que el uso de reos como informantes enfrenta limitaciones legales, ya que la legislación actual restringe la negociación de beneficios en delitos como secuestro o trata de personas.
También existe preocupación por posibles violaciones a derechos humanos o la invalidez de pruebas dentro de procesos penales, lo que ha llevado a autoridades a actuar con cautela en este tipo de estrategias.
OPERATIVOS CON TECNOLOGÍA Y PERSONAL ESPECIALIZADO
Cuando participen fuerzas federales como la Secretaría de Marina, las acciones deberán alinearse con los sistemas de búsqueda y rescate correspondientes.
Los operativos contemplan el uso de vehículos marítimos, drones con cámaras térmicas y personal certificado en tareas de búsqueda, además de la obligación de documentar cada intervención.
Con estas modificaciones, el Gobierno federal busca reforzar las acciones de búsqueda en un contexto donde miles de familias continúan en la espera de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
