El Gobierno de México ha iniciado una consulta pública para establecer directrices que regularán los contenidos en radio y televisión, situación que ha suscitado un intenso debate entre autoridades, concesionarios y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La propuesta contempla la obligación de los medios electrónicos de diferenciar entre noticias, opiniones y publicidad, así como designar un defensor de las audiencias y adoptar un código de ética. Además, se prevén sanciones para aquellos que no cumplan con estas nuevas normativas.
Agresiones contra la prensa en México
Este anteproyecto se presenta en un contexto inquietante, ya que las agresiones contra la prensa en México han alcanzado niveles alarmantes. Según el informe "Estructuras del silencio" de Artículo 19, en 2025 se registraron 451 agresiones contra periodistas, lo que representa un ataque cada 19 horas.
Los abusos de poder público también han aumentado, destacando que en un porcentaje significativo de estos casos, los responsables son funcionarios o candidatos políticos.
En este marco, el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende que la regulación busca proteger a las audiencias, aunque críticos señalan que podría permitir al Estado controlar el contenido que se puede difundir en los medios de comunicación.
La historia de los derechos de las audiencias en México data de 2013, cuando se incorporaron al artículo 6 de la Constitución. Posteriormente, la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014 detalló estos derechos, pero una reforma en 2017 los eliminó.
La Suprema Corte de Justicia declaró esta contrarreforma como inconstitucional en 2022, lo que llevó a la reciente aprobación de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2025, que restablece y amplía dichos derechos.
Regulación de medios y derechos de audiencias
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es la entidad encargada de emitir los lineamientos que regirán a los medios, reemplazando al anterior Instituto Federal de Telecomunicaciones, que contaba con mayor autonomía.
Los nuevos lineamientos excluyen, por el momento, a la prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales, limitándose a concesionarios de televisión y radio.
Cada medio deberá implementar un código de ética y designar un defensor de audiencias que no tenga conflictos de interés, así como hacer distinciones claras entre los tipos de contenido que emiten.
De igual manera, deben garantizar medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. El procedimiento para reportar incumplimientos prioriza la autorregulación, permitiendo a los usuarios presentar quejas que el medio revisará antes de involucrar a la CRT, que podría imponer sanciones de hasta el 1% de los ingresos anuales de los concesionarios.
Objetivos y preocupaciones de la nueva regulación
El gobierno ha enfatizado que el objetivo es la autorregulación y que las multas serán la última medida a tomar. Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre la vaguedad de los lineamientos y la posible discrecionalidad en su aplicación.
Críticos advierten que esto podría resultar en autocensura y afectar la labor informativa. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026, permitiendo la participación de ciudadanos y organizaciones civiles, aunque aún no se ha determinado la fecha de implementación de las directrices finales.
