Autoridades comunitarias de los pueblos zapoteco y chinanteco, que integran el Plan de Justicia Xhidza y Xhon, llevaron a cabo una asamblea regional en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de dar seguimiento a los avances de este proceso, que contempla una inversión acumulada de 2 mil millones de pesos hacia 2026.
Durante la asamblea, la Asociación Regional Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez recibió, por parte del director general del INPI, Adelfo Regino Montes, la constancia que reconoce su carácter jurídico como sujeto de derecho público. Este reconocimiento fortalece sus capacidades para gestionar obras y recursos en beneficio de más de 38 mil personas pertenecientes a los pueblos zapoteco y chinanteco.
El titular del INPI destacó que este avance representa un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, derechos reconocidos en el artículo 2° constitucional. Señaló que, con este reconocimiento, las comunidades se consolidan como protagonistas de su propio desarrollo, bienestar y destino.
Por su parte, el presidente de la Asociación Regional de Autoridades Xhidza y Xhon, Sotero Vargas Cruz, subrayó la relevancia de este documento, al considerarlo un instrumento clave para fortalecer la gestión comunitaria y la toma de decisiones desde el territorio.
AVANCES DEL PLAN DE JUSTICIA
El Plan de Justicia Xhidza y Xhon, construido a partir de las propuestas de las propias comunidades, registra avances significativos en diversos ejes:
Infraestructura social básica:
Se construyen 18 caminos artesanales que mejoran la conectividad entre cabeceras municipales. Para 2026, se proyecta la construcción de cinco caminos adicionales, con una meta de 25.3 kilómetros.
Agua potable, drenaje y saneamiento:
Se han realizado obras como la red de distribución en San Juan Taguí y una planta de tratamiento en Santa María Tonaguía. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad ha llevado a cabo acciones de electrificación en distintas localidades.
Cultura, lengua e identidad:
Se impulsa el fortalecimiento de la música tradicional, danzas, medios de comunicación indígena, protección de sitios sagrados y preservación de la lengua zapoteca. Para 2026, se prevé la instalación de 10 Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI).
Educación:
En 2025, el programa La Escuela es Nuestra benefició a 209 escuelas. Además, entre 2022 y 2025, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena operó 29 casas y comedores escolares, beneficiando a mil 984 niñas y niños.
Salud y medicina tradicional:
El programa IMSS-BIENESTAR reporta mejoras en infraestructura y equipamiento, mientras que el INPI ha impulsado acciones para fortalecer la medicina tradicional.
Economía y sistemas productivos:
Se promueve el desarrollo regional mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.
Medio ambiente y recursos naturales:
Se implementan acciones para la prevención de plagas e incendios, el cuidado del entorno y la creación de viveros comunitarios.
Gobierno y organización comunitaria:
Destaca el ejercicio directo de recursos por parte de 72 comunidades indígenas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como el fortalecimiento organizativo y de derechos.
Estos avances reflejan un proceso construido desde las propias comunidades, donde la participación colectiva ha sido fundamental para definir prioridades y orientar las acciones. Este modelo representa una nueva forma de gobernar, en la que el gobierno acompaña desde el territorio y reconoce a las comunidades como sujetos activos de su desarrollo.
