El Gobierno de Jalisco busca convertir en delito el hecho de facilitar, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes utilicen máquinas tragamonedas o participen en otros juegos de azar.
Pablo Lemus Navarro anunció que enviará al Congreso estatal una iniciativa para reformar el artículo 142-A del Código Penal de Jalisco, relacionado con el delito de corrupción de menores.
La medida estaría dirigida contra los adultos que permitan o impulsen esta práctica, por lo que los menores no serían sancionados.
La propuesta fue presentada durante una sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, en la que participan autoridades municipales, estatales y federales.
De acuerdo con el mandatario, el propósito es prevenir la ludopatía y reducir los riesgos que las apuestas pueden generar en el desarrollo de las infancias y adolescencias.
¿QUÉ PROPONE LA INICIATIVA CONTRA LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS?
La reforma busca incorporar al artículo 142-A una nueva conducta delictiva: permitir, facilitar, inducir o promover que una persona menor de edad participe en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o cualquier otro dispositivo mecánico destinado a las apuestas.
Actualmente, este artículo castiga a quienes provoquen o fomenten en menores conductas como la mendicidad, el consumo de alcohol o drogas, determinadas actividades de carácter sexual o la comisión de delitos.
El Código Penal vigente establece una pena base de tres a diez años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el delito de corrupción de menores.
Las sanciones pueden incrementarse cuando se utiliza violencia, existe una relación de autoridad o la víctima tiene menos de 12 años.
Aunque el Gobierno estatal adelantó que pretende endurecer los castigos, todavía no se ha informado cuál sería la pena específica para las personas que permitan a menores utilizar las tragamonedas.
Otro punto de la iniciativa consiste en establecer una definición legal del concepto de "azar". Con ello se pretende evitar que ministerios públicos y jueces interpreten de manera diferente cuáles máquinas, dispositivos o actividades deben quedar comprendidos dentro de la norma.
La propuesta también contempla campañas de prevención y sensibilización dirigidas a las familias y comunidades sobre los riesgos de las apuestas durante la infancia.
Para entrar en vigor, deberá ser presentada formalmente, analizada en comisiones, aprobada por el pleno del Congreso de Jalisco y publicada en el Periódico Oficial del Estado.
¿POR QUÉ LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS REPRESENTAN UN PROBLEMA?
Las autoridades consideran que estos aparatos pueden normalizar las apuestas entre los menores y favorecer el desarrollo de conductas compulsivas. Su instalación en tiendas de abarrotes, farmacias, panaderías y otros comercios de barrio facilita que niñas y niños tengan acceso a ellos sin supervisión o controles de edad.
El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece expresamente que las máquinas tragamonedas están prohibidas en cualquiera de sus modalidades. La norma las define como dispositivos en los que una persona realiza una apuesta mediante dinero u otra forma de pago con el objetivo de obtener un premio.
Pese a la prohibición, estos aparatos continúan funcionando clandestinamente en diversas entidades. Diagnósticos oficiales y legislativos han estimado que el mercado ilegal podría generar hasta 600 millones de pesos semanales en México, aunque se trata de una estimación y no de un balance actualizado en tiempo real.
TRAGAMONEDAS TAMBIÉN SON VINCULADAS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
Además del riesgo de ludopatía, autoridades e investigaciones periodísticas han relacionado la operación de algunas máquinas con economías del crimen organizado.
Estos aparatos generan ingresos diarios en efectivo, requieren una inversión relativamente baja y pueden instalarse en pequeños establecimientos con poca vigilancia.
En Jalisco, comerciantes y encargados de negocios han señalado que grupos criminales controlan parte de las máquinas y reciben un porcentaje de las ganancias.
También se ha advertido que la presencia constante de menores alrededor de estos dispositivos puede hacerlos vulnerables a actividades de vigilancia, narcomenudeo o reclutamiento.
En Michoacán, la Fiscalía estatal informó que fuerzas estatales y federales destruyeron 803 máquinas aseguradas en operativos realizados en municipios como Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, como parte de las acciones contra fuentes de financiamiento ilícito.
Con la iniciativa, el Gobierno de Jalisco pretende complementar los operativos contra estos aparatos mediante sanciones penales para quienes permitan que los menores entren en contacto con las apuestas.
