Gobierno de Chihuahua denuncia persecución política contra Maru Campos por citatorio de la FGR

Autoridades estatales rechazan acciones federales y acusan violación constitucional por investigación sobre agentes de EU

La gobernadora recibió la notificación acompañada por integrantes de su equipo jurídico y funcionarios cercanos.
La gobernadora recibió la notificación acompañada por integrantes de su equipo jurídico y funcionarios cercanos.

El Gobierno de Chihuahua acusó una presunta persecución política contra la gobernadora Maru Campos, luego de que la Fiscalía General de la República la citara a comparecer por el caso relacionado con agentes estadounidenses que operaron en la entidad.

A través de un comunicado difundido este sábado 23 de mayo de 2026, la administración estatal calificó el citatorio como una violación a la Constitución y a la soberanía de Chihuahua, al sostener que los gobernadores cuentan con protección legal frente a procedimientos de carácter penal durante el ejercicio de su cargo.

"El actuar de la Fiscalía General de la República es absolutamente violatorio de la Constitución y de la soberanía del Estado de Chihuahua", expresó el Gobierno estatal en el documento oficial.

GOBIERNO ESTATAL RESPALDA A MARU CAMPOS

La gobernadora recibió la notificación acompañada por integrantes de su equipo jurídico y funcionarios cercanos, entre ellos el consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de Gobierno Santiago De la Peña, el abogado Roberto Gil Zuarth, el secretario particular Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.

Tras conocer el citatorio, Maru Campos señaló que sus abogados ya revisan la fundamentación legal del procedimiento para determinar las acciones correspondientes.

"Habremos de estudiar su debida fundamentación y argumentación", declaró la mandataria estatal, quien además defendió la estrategia de seguridad implementada por su administración frente al crimen organizado.

ACUSAN TRATO DIFERENCIADO DEL GOBIERNO FEDERAL

El Gobierno de Chihuahua también cuestionó el actuar de las autoridades federales al considerar que existe un trato desigual respecto a otros funcionarios vinculados a investigaciones similares.

En el comunicado, la administración estatal aseguró que el caso contrasta con la protección brindada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a legisladores y funcionarios de la llamada Cuarta Transformación señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.


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