Ante la decisión de Estados Unidos de deportar a migrantes mexicanos hacia terceros países antes de su eventual retorno a México, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su rechazo y señaló que el gobierno federal busca que los connacionales sean repatriados directamente a territorio mexicano.
La funcionaria informó que sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, y su equipo, en la que abordaron diversos temas relacionados con la migración irregular en la frontera norte, destacando que el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha disminuido de manera significativa.
“Platicamos de cómo la migración irregular, de personas de otros países, pero también de mexicanos, ha bajado en un 96%”, señaló Rodríguez.
Sin embargo, explicó que persisten diferencias entre ambos gobiernos respecto a los mecanismos utilizados por Estados Unidos para el retorno de ciudadanos mexicanos, particularmente por la nueva práctica de trasladarlos primero a otros países de Latinoamérica.
“Todavía se habla de otros problemas que tenemos, por ejemplo, los que tienen que ver con el retorno de mexicanos, pues no solamente a México, sino que los están mandando a otros países, como ya es conocido públicamente”, declaró.
De acuerdo con la secretaria de Gobernación, entre los países a los que han sido enviados algunos connacionales se encuentran Guatemala, Honduras y Costa Rica.
ACUERDO ENTRE NACIONES
Rodríguez recordó que existe un acuerdo entre México y Estados Unidos para que los ciudadanos mexicanos deportados sean recibidos directamente en territorio nacional, por lo que el gobierno federal busca que este mecanismo se mantenga y que los connacionales no sean trasladados previamente a terceros países.
La funcionaria subrayó que México respeta las decisiones soberanas de otros gobiernos en materia migratoria, pero insistió en que defenderá el derecho de los mexicanos deportados a regresar directamente a su país.
La aplicación de esta medida fue confirmada por dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), quienes solicitaron mantener el anonimato debido a que no están autorizados para hablar públicamente sobre el programa.
