La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá, por el momento, la solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra de 10 funcionarios mexicanos requerida por autoridades de Estados Unidos, entre los que figura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que ha generado atención política y mediática en el país.
De acuerdo con el organismo, la petición proviene de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia estadounidense.
Sin embargo, la institución mexicana fue contundente al señalar que no se cuenta con referencias, fundamentos ni evidencias que permitan sustentar la urgencia de ejecutar dichas detenciones.
FGR pide pruebas formales a Estados Unidos
Ante este escenario, la FGR anunció que enviará una comunicación oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el objetivo de que, por la vía diplomática, se solicite a la autoridad estadounidense toda la documentación y pruebas que respalden las acusaciones.
El organismo subrayó que esta información deberá entregarse bajo mecanismos que garanticen la confidencialidad, a fin de que la fiscalía mexicana pueda analizarla con rigor jurídico y, posteriormente, emitir una postura institucional.
Proceso se regirá por leyes mexicanas
La dependencia enfatizó que cualquier procedimiento relacionado con esta solicitud se llevará a cabo estrictamente conforme a las leyes mexicanas, respetando los principios de legalidad y debido proceso.
Asimismo, reiteró que, hasta el momento, no se han presentado pruebas que acrediten los cargos señalados contra los funcionarios mencionados, lo que impide avanzar en la detención provisional con fines de extradición.
Contexto y repercusiones tras la resolución de la FGR
Este caso se da en un contexto de cooperación bilateral en materia de justicia entre México y Estados Unidos, donde las solicitudes de extradición suelen requerir respaldo documental sólido para su ejecución.
La postura de la FGR marca un freno inicial a la petición estadounidense y abre un periodo de revisión que podría definir el rumbo del caso en los próximos días.
Mientras tanto, la expectativa se centra en la información que pueda aportar la parte solicitante y en la evaluación que realicen las autoridades mexicanas.
