La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ordenó destruir evidencias fundamentales relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En un mensaje a la nación, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones permitieron establecer que el ocultamiento de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala no fue producto de una falla técnica, sino de una operación deliberada organizada desde la cúpula del gobierno estatal de ese entonces.
ERNESTINA GODOY DA DETALLES DE LA DETENCIÓN DE ÁNGEL AGUIRRE
De acuerdo con la funcionaria, las cámaras de vigilancia números 12 y 15 registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales y estatales. Posteriormente, varios de los jóvenes fueron reportados como desaparecidos.
Godoy Ramos explicó que las primeras versiones oficiales aseguraban que las grabaciones no existían debido a supuestas fallas en el sistema de videovigilancia. Sin embargo, las diligencias posteriores demostraron que esa información era falsa.
La investigación dio un giro en enero de 2026, cuando una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existían y señaló que fueron sustraídas para ser entregadas directamente al entonces gobernador. El testigo también afirmó que había permanecido en silencio por amenazas.
Meses después, en mayo de este año, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al declarar que Aguirre Rivero encabezó una reunión con altos mandos de su administración, en la que presuntamente ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La titular de la FGR afirmó que el Ministerio Público Federal cuenta con elementos de prueba que apuntan a que la instrucción de ocultar las evidencias fue emitida directamente por el entonces mandatario estatal, con la participación de servidores públicos de alto nivel.
Con base en estos datos, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ángel Heladio Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
