La familia de Gabriel Raimundo Sánchez Sánchez, de 34 años, denunció presuntas irregularidades y negligencia de las autoridades durante su búsqueda en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de descubrir que el joven permaneció varias semanas en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificado correctamente.
EL JOVEN SALIÓ DE CASA Y NO REGRESÓ
De acuerdo con el testimonio de Ana Paula Sánchez Sánchez, hermana de la víctima, Gabriel salió de su domicilio el 30 de septiembre para realizar un mandado. Antes de irse, comentó a sus familiares que regresaría para comer; sin embargo, nunca volvió.
Horas después, fue atropellado en las inmediaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas. El accidente le provocó la muerte, aunque sus familiares desconocían lo ocurrido y comenzaron a buscarlo.
Ante su desaparición, sus padres presentaron una denuncia y proporcionaron fotografías, así como información sobre sus características físicas, con la intención de facilitar su localización.
LA FAMILIA LO BUSCÓ DURANTE VARIAS SEMANAS
Ana Paula señaló que las autoridades les informaron que realizarían consultas en hospitales, instalaciones de la Cruz Roja y el Servicio Médico Forense. Sin embargo, durante las semanas siguientes no recibieron información que permitiera conocer el paradero de Gabriel.
La búsqueda también incluyó recorridos por parques y calles del centro de Tuxtla Gutiérrez. Mientras sus familiares mantenían la esperanza de encontrarlo con vida, el cuerpo del joven permanecía bajo resguardo de las autoridades desde el día del accidente.
LO REGISTRARON CON OTRO NOMBRE EN EL SEMEFO
La familia logró localizarlo cuando sus padres acudieron directamente al Semefo, dos días antes de hacer pública la denuncia. Ahí encontraron el cuerpo de Gabriel, pero estaba registrado con el nombre de Javier Raimundo.
Esta inconsistencia habría impedido que las autoridades relacionaran oportunamente el cuerpo con el reporte de desaparición.
Ana Paula cuestionó el error, pues aseguró que, según la información que obtuvo, su hermano proporcionó su nombre y un número telefónico después del accidente. Por ello, pidió esclarecer por qué esos datos no coincidieron con el registro institucional.
También denunció que la conductora presuntamente involucrada en el atropellamiento trabaja en una institución estatal, por lo que solicitó que esta circunstancia no interfiera en el desarrollo de las investigaciones.
La familia exige que se esclarezcan las causas de la identificación incorrecta, se explique por qué no recibió información durante la búsqueda y se determinen las responsabilidades correspondientes por la muerte de Gabriel.
