La violencia previa a los comicios ha arrebatado la vida desde el pasado septiembre a 61 candidatos o aspirantes a los cargos públicos
Por: Eduardo Sánchez
Una candidata a la alcaldía de Ocotlán, en Oaxaca, ha sido asesinada a tiros el sábado. Ivonne Gallegos aspiraba a la presidencia municipal por la coalición Va por Oaxaca, conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Su marido también fue asesinado hace años.
Aunque menor que en otras convocatorias electorales, la violencia sigue agitando a México ante los comicios que se celebrarán el 6 de junio, donde se pelean 15 gubernaturas, miles de alcaldías y congresos estatales y federal. Hasta la fecha han sido asesinados 61 políticos y 78 funcionarios relacionados pero sin militancia, un total de 139 víctimas.
La candidata Gallegos fue asaltada en la carretera, a la altura del desvío hacia Santo Tomás Jalieza, en la región de los valles centrales de Oaxaca, según la agencia Quadratín, cuya información recogen los periódicos locales. Pocos detalles han trascendido aún de este crimen, aún se desconoce si hay más víctimas y quiénes son los responsables.
El 4 de marzo, el Gobierno Federal presentó una estrategia para proteger a los aspirantes a alguno de los 20,000 cargos en disputa. Y se pidió a los partidos políticos que colaboren en mantener las elecciones limpias de sangre. Entre las medidas anunciadas se buscaba elevar la protección policial para los candidatos amenazados y diseñar estrategias de seguridad en zonas conflictivas. Desde aquel anuncio, han sido asesinados al menos seis candidatos. Veracruz, Guerrero, Morelos y Guanajato registran las cifras más altas de mortalidad.
La inseguridad de los aspirantes es total en algunos municipios en los que tan siquiera hay Policía, lo que menoscaba fuertemente la democracia del país, a decir de los expertos.
Desde el pasado 7 de septiembre en que inició el proceso electoral hasta el 17 de este mes, donde se produjo el corte estadístico, la consultora Etelleck ha registrado 232 agresiones contra políticos que han dejado 61 víctimas mortales solo entre los políticos, siete de ellas mujeres. 18 aspiraban a cambiar el signo político de sus ciudades, el resto quería revalidar.
Otros funcionarios, muchos relacionados con los cuerpos policiales también han perdido la vida. La candidata Gallegos ha de sumarse ahora a esa terrible lista. El 22% de los que han sido asesinados pertenecen al PRI y el 17% a Morena, los más afectados por la ola de violencia preelectoral.
Etelleck detecta desde 2018 una tendencia preocupante y sospechosa: la violencia recae sobre todo en aquellos políticos cuyas siglas no coinciden con las de quien gobierna el Estado. El 76% de las víctimas de homicidios dolosos son opositores al poder estatal. De los 18 aspirantes asesinados, 12 eran opositores a los Gobiernos estatales.
El director de Etelleck, Rubén Salazar, ha señalado en alguna ocasión a este periódico que estos crímenes no pueden despacharse atribuyéndolos en bloque a la delincuencia organizada o al narco.
Opina que, en buena medida, se trata de sicarios contratados, pero lo que se dirime es el poder político, que en numerosos territorios es un salvoconducto contra la pobreza, una forma de vivir o de perpetuarse en el cacicazgo. No es extraño, entonces, que la mayoría de estos asesinatos se den en el ámbito rural, en las zonas más pobres del país.
Pero las líneas son bien difusas, porque algunos alcaldes forman parte de redes delictivas relacionadas con el narco o el crimen organizado. Dónde acaba la criminal aspiración de poder político y donde empiezan los turbios negocios es una argamasa indisoluble en muchos casos.
Desde 2005, México ha vivido un incremento de los asesinatos de candidatos políticos, una línea ascendente que se frenó cuando alcanzó el pico de 2018, año en el que se registraron 152 víctimas mortales. Aquel año fue asesinada también en Oaxaca la candidata del PRI para Juchitán, Pamela Terán. Con ella murieron su chófer y una fotógrafa.
