La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en instituciones públicas, con el objetivo de frenar los llamados excesos en el uso de recursos públicos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada por unanimidad con 458 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Previamente, el Senado ya había dado su respaldo el pasado 11 de marzo.
¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO TOPE A PENSIONES?
La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones en organismos públicos federales, estatales y municipales no podrán superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Además, se estipula que ningún contrato o disposición laboral podrá fijar beneficios superiores a este límite.
Sin embargo, la medida contempla excepciones importantes. Quedan fuera las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales y aquellas financiadas mediante esquemas sindicales complementarios.
AUSTERIDAD VS DERECHOS ADQUIRIDOS
Morena y sus aliados defendieron la reforma al asegurar que no elimina el derecho a una pensión, sino que busca corregir privilegios conocidos como "pensiones doradas" y fortalecer la política de austeridad.
En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el objetivo general, pero advirtieron sobre posibles efectos retroactivos que podrían afectar a personas ya jubiladas.
Incluso dentro de los partidos aliados surgieron reservas para evitar que la reforma impacte derechos adquiridos, ante el riesgo de generar amparos e incertidumbre jurídica.
Tras su aprobación en lo general, la iniciativa pasó a la discusión en lo particular. De mantenerse sin cambios, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales antes de su promulgación oficial.
