La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para incorporar el reclutamiento forzado de personas como un delito específico, con penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión cuando se comete mediante violencia, amenazas o coacción.
La iniciativa recibió 419 votos a favor y plantea modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. El objetivo es establecer criterios de aplicación en todo el país para investigar y sancionar a quienes incorporen personas a grupos de la delincuencia organizada.
La propuesta también contempla medidas especiales para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como sanciones adicionales cuando los responsables tengan antecedentes en corporaciones de seguridad o utilicen sus conocimientos y recursos para cometer el delito.
¿CUÁLES SON LAS PENAS POR RECLUTAMIENTO FORZADO?
El dictamen establece diferentes castigos dependiendo de las circunstancias en las que se realice la captación de las víctimas.
La sanción general contempla de 10 a 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a actividades del crimen organizado, ya sea directamente o mediante terceros. Esto incluye el uso de medios impresos, plataformas electrónicas y otros canales, incluso cuando no exista engaño.
Además de la pena de cárcel, se prevén multas de 5 mil a 50 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Cuando el reclutamiento se lleve a cabo mediante amenazas, intimidación, violencia física o moral, coacción o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de prisión, acompañadas de multas de 10 mil a 80 mil días de UMA.
La reforma busca que las autoridades puedan distinguir y perseguir este delito sin depender de que los hechos sean investigados bajo otras figuras penales.
MENORES DE EDAD TENDRÁN PROTECCIÓN ESPECIAL
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que la incorporación de niñas, niños y adolescentes será considerada reclutamiento forzado, independientemente de los métodos utilizados para captarlos.
Durante la discusión legislativa, la diputada Noemí Luna, del PAN, advirtió sobre la vulnerabilidad de los menores frente a los grupos criminales y señaló que factores como la pobreza y el abandono escolar pueden facilitar su captación.
La legisladora citó cifras atribuidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según las cuales al menos 30 mil menores participan en actividades criminales en México, mientras que entre 155 mil y 250 mil estarían en riesgo de ser reclutados.
La propuesta también contempla agravantes cuando las víctimas sufran tortura, violencia sexual, privación de la libertad o lesiones, así como cuando pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas.
AUMENTARÁN LAS PENAS PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD
El dictamen incluye incrementos de hasta una mitad adicional de la pena cuando los responsables pertenezcan o hayan pertenecido a instituciones de seguridad pública, las Fuerzas Armadas o empresas de seguridad privada.
La misma disposición contempla casos en los que se utilicen conocimientos especializados o información confidencial para facilitar el reclutamiento.
Con estas medidas, la reforma busca sancionar de manera más severa a quienes aprovechen su preparación, experiencia o acceso a información para favorecer la incorporación de personas a organizaciones delictivas.
Durante el debate, la diputada Socorro Jasso, del PRI, señaló que el endurecimiento de las sanciones debe ir acompañado del fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar los delitos y atender a las víctimas y sus familias.
RECLUTAMIENTO, DESAPARICIONES Y EXTORSIONES
En la discusión parlamentaria también se abordó la relación entre el reclutamiento criminal y otros delitos. El diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de combatir estas prácticas para debilitar las estructuras de las organizaciones delictivas.
El legislador hizo referencia a declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre los vínculos entre el reclutamiento, la extorsión y la desaparición forzada.
Por su parte, la diputada Elena Segura, de Morena, explicó que incluir el delito en una ley general permitirá establecer criterios de persecución en todo el territorio nacional y facilitar la colaboración entre autoridades de distintas entidades.
La reforma también contempla la posibilidad de reducir hasta en una tercera parte la pena para quienes proporcionen información comprobable que contribuya a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables.
¿QUÉ CAMBIARÁ CON LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO?
Uno de los alcances de la iniciativa es que las fiscalías podrán investigar específicamente el reclutamiento forzado, en lugar de encuadrar los hechos únicamente en delitos como trata de personas o secuestro.
La medida también busca sancionar la captación mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales, medios impresos u otras plataformas, cuando estas se utilicen para incorporar personas a grupos criminales.
No obstante, la aprobación en la Cámara de Diputados no representa todavía la conclusión del proceso legislativo. El dictamen deberá ser revisado y discutido por el Senado de la República antes de continuar con los pasos necesarios para su eventual promulgación.
