La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados, en una sesión marcada por confrontaciones, gritos y acusaciones entre legisladores oficialistas y de oposición.
Con 341 votos a favor y 124 en contra, diputados de Morena, PVEM y PT avalaron modificaciones a siete artículos constitucionales, con el objetivo de empalmar el proceso judicial con la consulta de revocación de mandato presidencial.
DEBATE ESCALA ENTRE RECLAMOS Y SEÑALAMIENTOS
Durante la sesión, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, criticó la reforma y aseguró que la modificación al artículo 35 constitucional busca introducir "por la puerta de atrás" la coincidencia entre la elección judicial y la revocación de mandato.
El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla elevó aún más la tensión al acusar a legisladores oficialistas de presuntos vínculos con el crimen organizado, declaraciones que provocaron reclamos y gritos desde las curules de Morena.
En respuesta, el diputado morenista Leonel Godoy rechazó los señalamientos y defendió la legalidad de la reforma, además de asegurar que su partido continuará obteniendo respaldo ciudadano en futuras elecciones.
El dictamen aprobado contempla la creación de una comisión coordinadora encargada de evaluar candidatos, aplicar metodologías homologadas y realizar exámenes de conocimiento para quienes aspiren a cargos judiciales.
Asimismo, se establece una reducción del número de aspirantes mediante filtros de evaluación y la selección final de candidaturas a través de insaculación o tómbola. La propuesta también incluye garantizar la paridad de género en las postulaciones.





