La Cámara de Diputados abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el derecho a decidir al final de la vida, con una iniciativa que propone reconocer constitucionalmente la muerte voluntaria asistida, pero bajo condiciones legales y con garantías de atención médica.
La propuesta, presentada por la diputada morenista Elena Edith Segura Trejo, plantea modificar el artículo 4o. de la Constitución para establecer que toda persona tenga derecho a una muerte voluntaria asistida, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la ley.
El proyecto está dirigido a personas mayores de edad, con capacidad para decidir y que padezcan una enfermedad incurable e irreversible. Su voluntad tendría que expresarse de manera libre, informada, consciente y reiterada.
ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE CUALQUIER DECISIÓN
Uno de los principales planteamientos es evitar que una persona opte por la muerte asistida debido a condiciones de vulnerabilidad, como pobreza, abandono institucional o falta de servicios médicos.
Por ello, el Estado tendría que garantizar previamente medicamentos, cuidados paliativos, manejo del dolor, apoyo psicológico y atención integral.
La iniciativa sostiene que reconocer la autonomía individual no implica eliminar la responsabilidad de las instituciones públicas de proteger a las personas. El objetivo sería combinar la libertad para decidir con una política de derechos al final de la vida.
Segura Trejo argumentó que la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la esfera privada deben formar parte del análisis constitucional sobre este tema.
La legisladora también señaló que la muerte digna ya está presente en la agenda del Congreso. Entre las propuestas existentes mencionó la denominada "Ley Trasciende", respaldada por más de 128 mil firmas, que busca modificar la Ley General de Salud para legalizar y despenalizar la eutanasia.
La nueva iniciativa plantea que el debate se aborde desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente médica, penal o moral, bajo el principio de que las personas puedan vivir y morir dignamente en los casos excepcionales que determine la legislación.
