La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó este miércoles 25 de febrero sobre la detención de 24 personas, 13 mujeres y 11 hombres, tras la sustracción de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, ocurrida la tarde del martes 24 en el recinto del Congreso del Estado de Oaxaca.
De acuerdo con la autoridad ministerial, las personas arrestadas enfrentan proceso penal por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género.
La captura se concretó luego de que fuerzas de seguridad lograron rescatar a la alcaldesa, quien fue retirada por la fuerza mientras se desarrollaba una sesión legislativa en la que se discutía su posible revocación de mandato.
ASÍ FUE LA SUSTRACCIÓN DE LA ALCALDESA
Durante la sesión, el pleno votó en contra de la revocación con 21 votos frente a ocho a favor, desechando la propuesta que contemplaba su sustitución. Tras el resultado, un grupo de aproximadamente 80 habitantes de San Agustín Amatengo ingresó al recinto legislativo y exigió a la edil rendir cuentas.
En medio de los disturbios, los inconformes la obligaron a subir a una camioneta habilitada como ambulancia y se retiraron del lugar. La unidad fue interceptada más tarde cerca de Villa de Zaachila por elementos de la Policía Vial Estatal, en coordinación con la Policía Estatal y el C5i.
OPERATIVO Y RESCATE DE ITALIVY SARAHÍ JUÁREZ
El Gabinete de Seguridad estatal desplegó un operativo en el que participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, además de corporaciones locales. La acción permitió ubicar el vehículo, rescatar a la presidenta municipal y detener a 24 personas, incluido el conductor de la unidad.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
¿CUÁL ES LA INCONFORMIDAD DE LOS HABITANTES DE SAN AGUSTÍN AMATENGO?
El conflicto no surgió de un día para otro. Desde hace meses, pobladores han manifestado inconformidad con la gestión de Juárez Ramírez, militante del Partido del Trabajo (PT).
Entre los señalamientos figuran presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia en el manejo del presupuesto anual, retrasos en el pago de dietas a integrantes del cabildo, ausencias prolongadas de la alcaldesa y deficiencias en servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.
No obstante, más allá de las diferencias políticas o administrativas, las autoridades subrayaron que ninguna inconformidad justifica la privación ilegal de la libertad ni actos de violencia.
El caso ahora se dirime en el ámbito judicial y podría sentar un precedente sobre la protección a mujeres en cargos públicos frente a agresiones vinculadas a su función.
