La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León ejecutar una eventual destitución o inhabilitación del gobernador Samuel García Sepúlveda, mientras resuelve la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo estatal.
La resolución no detiene el juicio político iniciado en el Congreso, sino que únicamente evita que cualquier sanción derivada del procedimiento pueda aplicarse hasta que el máximo tribunal emita una sentencia definitiva.
El proceso comenzó tras una denuncia presentada por Morena, en la que se señala al mandatario por una presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos de recursos públicos hacia empresas relacionadas con su entorno familiar. Posteriormente, la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó el inicio del juicio político.
En respuesta, el Gobierno de Nuevo León sostuvo que el expediente carece de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones y promovió primero un amparo federal y después una controversia constitucional ante la SCJN, al considerar que también existían irregularidades en el procedimiento legislativo.
Al otorgar la suspensión, la Corte argumentó que una eventual separación del cargo antes de resolver el fondo del asunto podría generar un daño de difícil reparación, ya que el tiempo en que un funcionario electo deja de ejercer sus funciones no puede restituirse posteriormente.
La SCJN precisó que la medida busca preservar la situación jurídica del gobernador sin afectar el desarrollo del juicio político, por lo que el Congreso podrá continuar con el procedimiento, aunque no podrá hacer efectiva una eventual sanción mientras permanezca vigente la suspensión.
