Las comunidades indígenas mayo-yoreme agrupadas en el colectivo ¡Aquí No! iniciaron este lunes la toma pacífica e indefinida de la planta de amoniaco ubicada en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, para exigir al Gobierno federal la cancelación definitiva del megaproyecto impulsado por Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman.
Desde las 4:00 de la madrugada, entre 150 y 200 integrantes de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos instalaron carpas y bloquearon el acceso a las instalaciones, cuya construcción registra un avance del 88 por ciento.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, aseguró que la protesta permanecerá por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta de las autoridades federales.
EXIGEN CANCELACIÓN DEL PROYECTO
Los manifestantes sostienen que la operación de la planta provocaría graves afectaciones ambientales en la bahía de Ohuira y en el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar.
Además de la clausura definitiva del complejo, las comunidades demandan la reparación de los daños ambientales ya ocasionados, entre ellos la tala de manglares y el relleno de 28 hectáreas de humedales.
Montaño señaló que no existe diálogo con la empresa y que la única interlocución que buscan es con el Gobierno federal, luego de reuniones recientes con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
DOCE AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA
La oposición al proyecto se remonta a 2014, cuando las comunidades comenzaron una lucha legal y social para defender su territorio y exigir que se respetara su derecho a la consulta previa.
Los pueblos mayo-yoreme consideran que la planta representa una amenaza para su forma de vida, ya que una posible contaminación afectaría los recursos naturales de los que dependen miles de habitantes de la región.
La megaplanta, financiada con una inversión de 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, también ha sido objeto de alertas internacionales. Organismos de Naciones Unidas han advertido sobre riesgos ambientales y posibles impactos para las comunidades indígenas asentadas en la zona de Topolobampo.
Mientras Semarnat y Profepa analizan nuevos estudios ambientales, los manifestantes aseguran que mantendrán el bloqueo hasta lograr una resolución definitiva sobre el futuro del proyecto.
